A mi padre, Epifanio, le impactó la historia de Joseph Fouché, contada por Stefan Swaig, el testimonio de la vida de un verdadero camaleón político, figura central en los primeros años del Ministerio de Policía de Francia.
El éxito de Fouché estuvo centrado en su condición de hombre amoral, que transitó de los girondimos a los jacobinos, de seguidor a enemigo de Robespierre, de Napoleón a la Monarquía, cualquier parecido a camaleones actuales, es pura coincidencia.
Su biógrafo nos describe a un hombre que pudo construir un fabuloso sistema de información, con una red de agentes, lo que le permitió servir con eficiencia a Napoleón y su régimen, y le sirvió para salvar el pellejo, cuando cayó en desgracia con Bonaparte.
La ley 1-24, nos hace recordar a este personaje.
Los poderes que otorga esta ley a la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI de requerir información a instituciones publicas y privadas, como indica el ya controvertido artículo 11.
El Colegio Dominicano de Periodistas, CDP, la Sociedad Dominicana de Diarios, SDD, la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, han advertido sobre las ambigüedades de la ley y cómo podría afectar aspectos nodales del ejercicio democrático como la libertad de prensa, el derecho a la privacidad y el secreto profesional.
Se cuestiona el contenido de los artículos 8, 9, 11 y 26, entre otros. Este último que establece sanciones penales, contra quienes “oculten informaciones”, requeridas por el DNI.
El presidente Luis Abinader, ha dispuesto un diálogo con las entidades que representan los medios de comunicación para buscar solución al tema. Y ha llamado, en La Semanal, a despolitizar el tema, bajo el argumento de que la ley fue aprobada por las principales fuerzas políticas representadas en el congreso.
A la oposición, se puede culpar, legítimamente, de no haber jugado el rol de contrapeso en el análisis de esta iniciativa, mientras se discutía en las cámaras, hay ejemplos, sin embargo, de advertencias, el senador de San Cristóbal, Franklin Rodríguez ha compartido en estos días, su participación en la discusión en el Senado, donde recordó a J. Edgar Hoover, el mítico director del FBI, cuyo manejo de la información lo convirtió en un poder, hasta el punto de extorsionar, literalmente, a presidentes de su país.
El Gobierno, impulsor de una iniciativa que aún defiende el consultor jurídico del poder ejecutivo, Antoliano Peralta, alegando que la ley establece que la solicitud de información se hará, “sin perjuicio de las formalidades legales para la protección y garantía del derecho a la intimidad y el honor personal”. Todos sabemos que para saltar ese argumento, un Fouché cualquiera, no necesitará ni una garrocha, si quiere vulnerar las garantías de cualquier persona.
Quienes no vivimos la dictadura de Trujillo, tenemos como referencia las historias que contaban nuestros padres, sobre las acciones del Servicio de Inteligencia Militar, SIM, ya la gente identificaba el sonido de los “cepillos”, los vehículos Volkswagen, en que se transportaban y que llegaron a constituir un símbolo del horror de esa época.
No tengo dudas de la vocación democrática del presidente Abinader, pero una legislación como esta, debe ser analizada, en el contexto del peor escenario posible, y este sería, el de un gobierno dirigido por alguien con poca vocación democrática, lo que no es descartable, si vemos la experiencias de varios países de América o de la llegada al DNI, de cualquier moderna versión del, Ametrallador de Lyon o de un Johnny Abbes, que amparado en esa ley, violente libertades que han costado demasiado al pueblo dominicano.
Lo sensato, es someter de inmediato un proyecto de modificación de esa ley, que subsane los aspectos cuestionables de ella, en consonancia con la Constitución de la República, para que la 1-24, no sirva a ningún Fouché criollo, en el futuro.
