No cabe duda de que restringir la vigencia de la renovación de la licencia de conducir a ciudadanos mayores de 65 años de edad, es ilegal, improcedente y debe dejarse sin efecto ya.

Si además de cercenar un derecho adquirido, al conductor de más de 65 años se le obliga a pagar la misma suma de RD$1,900 que se cobra a quien renueva su licencia por cuatro años, entonces estamos ante una estafa inaceptable.

El Intrant afirma que esa disposición está contenida en el Reglamento de Aplicación de la Ley 63-17 de Movilidad, Tránsito y Transporte, que viene del gobierno anterior.

En ese caso hay dos cosas claras: primero, que el Reglamento es contrario a la ley que intenta regular, e inconstitucional porque vulnera derechos por razón de edad; y segundo hasta hace poco esa disposición discriminatoria no se había puesto en vigencia.

El Artículo 205 de esa ley establece claramente un mínimo de edad para obtener la licencia (18 años), pero no dispone un máximo.

Más claro aun, el Artículo 208, instituye que “la licencia de conducir será expedida por un período de vigencia de cuatro años y vencerá el día del cumpleaños del titular”.

El Intrant declaró anteayer que una persona de más de 65 años podría tener un deterioro natural de su salud.

Esa es otra presunción discriminatoria porque una persona joven puede perder habilidades y facultades físicas para conducir, de la misma manera que un adulto mayor puede mantenerse hábil, con más experiencia y serenidad al volante.

Si el Intrant supone que los mayores de edad se deterioran para conducir y hay que reducirles el tiempo de vigencia de la licencia, mientras que los más jóvenes no, ¿para qué se hace el examen previo a la renovación, que puede excluir a los inhábiles?

Hablemos seriamente: El Intrant debe reducir su vocación recaudatoria y centrarse en buscar solución a los graves problemas de circulación vial, que están acabando con la calidad de vida en las ciudades.

El Intrant debería instruir a los agentes de la Digesett para que prioricen la viabilidad del tránsito, en forma preventiva, y dejar la “fiscalización” (poner multas) para casos excepcionales.

Mientras la autoridad del tránsito (Intrant y Digesett) esté enfocada en recaudar dinero, los taponamientos de las vías serán cada vez mayores y más angustiantes

Fuente Listín Diario