Buenos Aires.-Este domingo, el presidente Javier Milei eligió una vez más el campo de las redes sociales para anticipar el rumbo político que tomará su Gobierno durante los próximos días.
En esta ocasión, mientras negocia con bloques dialoguistas para aprobar el Presupuesto 2025 y a un año de las elecciones legislativas, los cañones apuntaron al financiamiento público de los partidos políticos.
A través de su cuenta personal de X, el presidente retuiteó dos publicaciones de usuarios anónimos vinculados al ecosistema libertario que suelen anticipar las jugadas del oficialismo. «Atención. El gobierno eliminará el financiamiento público a los partidos políticos», lanzó una de las cuentas y el mensaje fue replicado por Milei.
«Dejarán de recibir aportes del Estado y tendrán que preocuparse en conseguir contribuciones voluntarias para subsistir», sentenció el usuario en el mensaje compartido por Milei.
Lo cierto es que una postura de este tipo en el oficialismo no sería inesperada si se recuerdan los dichos del fefe de Gabinete, Guillermo Francos, sobre la utilidad de las PASO (las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias) y un guiño para eliminarlas.
“Tenemos que diseñar un sistema porque las PASO no sirvieron para nada”, sentenció Francos, quien consideró que el mecanismo además genera “un costo enorme para el Estado” y a la vez es “una molestia generalizada para los ciudadanos”.
Por otra parte, el presidente también compartió otro tuit que expresa lo mismo, pero en términos más duros. «A prepararse para un tsunami de llorones gritando que Milei está en contra de la democracia», se lee en los dichos del usuario @Pregonero compartidos por el presidente.
La ley 26.215 o «Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos» especifica cómo deben obtener sus recursos los partidos. En este sentido, el artículo n°4 de la ley, modificado en 2019 con aprobación del Congreso, expresa: «ARTICULO 4º — Financiamiento partidario. Se establece un modelo mixto por el cual los partidos políticos obtendrán sus recursos mediante el financiamiento público y privado para el desarrollo de sus operaciones ordinarias y actividades electorales, de acuerdo a lo establecido en la presente ley».
La atención del presidente fue a parar sobre aquel régimen de «financiamiento público» que establece la ley, bajo el cual «el Estado contribuye al normal funcionamiento de los partidos políticos» en cuestiones de desenvolvimiento institucional, capacitación y formación política, y campañas electorales primarias y generales.
Se prevé que las intenciones del oficialismo se posicionen en mayor medida sobre el Fondo Partidario Permanente. Por ley, la administración de esos fondos dependía del Ministerio de Interior, pero el hecho es que ese mismo Ministerio quedó disuelto en el traspaso de Guillermo Francos a la Jefatura de Gabinete: fue degradado a Secretaría y depende del propio Francos.
El Fondo en cuestión está constituido por siete distintos aportes: el que destina la ley de Presupuesto, el dinero proveniente de multas que se recaudan por la aplicación de la propia Ley, el producto de liquidación de bienes de partidos extinguidos, distintos legados y donaciones, reintegros realizados por los partidos, y finalmente los aportes del sector privado.
El artículo 9 de la ley, además, establece que ese dinero debe ser asignado en un veinte por ciento «en forma igualitaria entre todos los partidos reconocidos», y en un ochenta por ciento «en forma proporcional a la cantidad de votos que el partido hubiera obtenido en la última elección de diputados nacionales», siempre y cuando ese partido haya superado el 1% del padrón en cuanto a votos.
Fuente: mdz
