Luego de la Segunda Guerra Mundial el flujo de noticias y contenidos por los medios de comunicación nacionales y locales estuvo cada vez más condicionado a la conexión con las agencias de noticias creadas en la Unión Soviética, Europa y Estados Unidos, para responder a los intereses de los sectores económicos y financieros de los países y sus aliados.
En el mundo se generó un desequilibrio informativo extraordinario entre los países desarrollados y los no desarrollados. La realidad de abajo y arriba la contaban sólo los de arriba. Y, en gran medida, todavía es así.
Pero, en el marco de la Guerra Fría, se hizo el más grande intento de crear un nuevo orden de la comunicación mundial, que permitiera usar los medios de comunicación del planeta para dar cobertura justa a la realidad de todas las naciones y promover los principios de igualdad, paz, solidaridad y desarrollo sostenible. Dicho esfuerzo de Naciones Unidas se conoce como “Voces múltiples, un solo mundo” o “Informe Mcbride” (1980), coordinado por el Premio Nobel de la Paz Seán MacBride, con la participación de un periodista y escritor que más adelante también sería Premio Nobel (de Literatura), Gabriel García Márquez.
El Informe MacBride presenta 82 líneas de acción que incluyen: la democratización de la propiedad de los medios y la regulación y autorregulación del oficio del periodismo, para garantizar la libertad de expresión a través de la libertad de prensa y proteger el derecho de la información de las personas poniendo límites a las prácticas comunicacionales que puedan dañar a personas o a la comunidad.
En su propuesta 57 el informe recomienda: “Deberá prestarse atención especial a los obstáculos de la concentración de la propiedad de los medios de información, públicos o privados, de las influencias comerciales sobre la prensa y la radio, o de la publicidad privada o pública…”.
Aunque la disputa global de la Guerra Fría impidió la construcción de Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación propuesto por el equipo Macbride y la UNESCO, su contenido se convirtió en una referencia universal para el estudio de los medios y la creación de pautas de ordenamiento jurídico y político de la comunicación y los contenidos periodísticos.
El documento sugirió lo que luego fue una tendencia internacional en los medios y organizaciones defensoras de la libertad de prensa: la creación de códigos deontológicos para la autorregulación.
En América Latina tenemos dos grandes ejemplos del contexto en el que se procuraba un nuevo ordenamiento mediático.
Autorregulación, dueños de medios y periodistas
En 1994 la Declaración de Chapultepec fue promovida por las empresas de la comunicación (Sociedad Interamericana de Prensa-SIP), para definir principios de la libertad de expresión, asignar responsabilidades y limitaciones del poder político ante la libertad de prensa, y vincular el oficio de informar con un compromiso con la verdad y los derechos de la audiencia.
En su artículo 9 la declaración reconoce que: “La credibilidad de la prensa está ligada al compromiso con la verdad, a la búsqueda de la precisión, imparcialidad y equidad, y a la clara diferenciación entre los mensajes periodísticos y los comerciales. El logro de estos fines y la observancia de los valores éticos y profesionales no deben ser impuestos. En una sociedad libre la opinión pública premia o castiga”.
En una visión más amplia, en 1983, la Organización Internacional de Periodistas, la Federación Internacional de Periodistas, la Federación de Periodistas de América Latina (FELAP), la Unión Africana de Periodistas, la Confederación Asiática de Periodistas y otras entidades que aglutinan a los trabajadores profesionales de la información crearon el Código Internacional de Ética Periodística de la UNESCO, base de los códigos de ética de medios de comunicación de todo el planeta (en nuestra región la FELAP asumió por completo los postulados del documento).
Ese código de ética, elaborado por los trabajadores profesionales de la información no comienza por los derechos y libertades de los medios, sino por la protección del derecho del ser humano a estar bien informado. En su primer artículo establece: “El derecho del pueblo a una información verídica: el pueblo y las personas tienen el derecho a recibir una imagen objetiva de la realidad por medio de una información precisa y completa, y de expresarse libremente a través de los diversos medios de difusión de la cultura y la comunicación.
En el segundo artículo del mismo código los profesionales de la comunicación se imponen a sí mismos otra obligación. Y postulan la “Adhesión del periodista a la realidad objetiva: La tarea primordial del periodista es la de servir el derecho a una información verídica y auténtica por la adhesión honesta a la realidad objetiva, situando conscientemente los hechos en su contexto adecuado”.
Como hemos visto, la información es un derecho fundamental, y para protegerlo de los abusos del poder político y de los intereses privados, las sociedades (y los periodistas en especial) han creado y necesitan seguir creando normas acordes a la realidad mediática de cada época y sociedad.
Así como en 1980 el informe Macbride señaló e impulsó nuevas formas de ordenamiento de la comunicación global, hoy en República Dominicana se nos presenta un nuevo contexto y necesidad de ordenamiento del flujo de contenidos informativos y mediáticos: la revolución de las nuevas plataformas digitales de la comunicación.
Fuente: Listín Diario
