Cada día presenciamos actos de injusticia, corrupción, abusos de poder, violencia, negligencia institucional y desprecio por la ley. Pero más que los actos de quienes los cometen, lo que debe alarmarnos es el silencio de quienes saben que están mal… y no hacen nada.

Vivimos en una sociedad donde muchos hombres y mujeres honestos, capaces e indignados optan por callar, alejarse, justificarse o encerrarse en su mundo privado, convencidos de que nada va a cambiar. Esa renuncia cívica es el terreno fértil donde germina la impunidad, la mediocridad política, el autoritarismo y el deterioro social.

¿Por qué callan los buenos?

Porque temen las consecuencias. Porque desconfían de la justicia. Porque piensan que «eso no es conmigo». Porque están cansados. Porque sienten que luchar no vale la pena. Pero cada silencio, cada omisión, cada excusa, es un acto que fortalece al injusto y debilita al justo.

El mal no necesita mayoría para imponerse; solo necesita que la mayoría decente permanezca de brazos cruzados.

No basta con ser bueno en lo privado. El país no se transforma con intenciones nobles, sino con acciones valientes. Desde el maestro que se atreve a denunciar el abandono escolar, hasta el abogado que enfrenta al poder con un expediente sólido; desde el vecino que exige transparencia en su comunidad, hasta el ciudadano que vota con conciencia y se involucra en los asuntos públicos.

Un caso actual lo ilustra con claridad: en República Dominicana existen múltiples sentencias firmes que las autoridades simplemente ignoran. Funcionarios públicos que, con total impunidad, se niegan a cumplir decisiones judiciales, incluso cuando han sido condenados con astreintes diarios o advertencias legales. Esto no solo viola el principio de legalidad, sino que socava la confianza ciudadana en el sistema democrático.

Por eso resulta urgente la aprobación de iniciativas como el proyecto de ley sometido por el senador Omar Fernández, que propone sanciones directas para los funcionarios y entidades que desacaten sentencias judiciales. Porque no puede haber Estado de derecho donde no se respetan los fallos de los tribunales. Un país donde la ley solo se cumple si conviene no es una democracia: es una ficción institucional.

Si los malos se organizan para hacer el mal, los buenos debemos unirnos para defender el bien. Porque el bien solo triunfa cuando se expresa, se moviliza y se sostiene.

Pero, ¿cómo podemos los buenos involucrarnos más activamente en la defensa del Estado de derecho? La respuesta no está solo en nuestras buenas intenciones, sino en la acción concreta.

1. Fortalecer la educación cívica y legal:

Incluir en los programas educativos un enfoque práctico sobre los derechos y deberes ciudadanos, y los mecanismos legales disponibles para exigir justicia. Esto empoderará a los jóvenes para que entiendan cómo pueden influir positivamente en la sociedad.

2. Fomentar la denuncia pública:

Crear plataformas más accesibles y seguras para que los ciudadanos puedan denunciar casos de corrupción, abuso de poder o incumplimiento de sentencias judiciales, sin temor a represalias.

3. Impulsar la transparencia en las instituciones:

Exigir que las entidades gubernamentales publiquen informes de gestión, decisiones judiciales y el estado de las sentencias. Solo con la información al alcance de todos, la ciudadanía podrá exigir rendición de cuentas.

4. Apoyar las iniciativas legislativas:

Promover y hacer seguimiento a proyectos de ley que busquen sancionar la corrupción y el incumplimiento de sentencias. Los ciudadanos deben involucrarse no solo en las elecciones, sino también en la defensa activa de reformas que fortalezcan el sistema democrático.

5. Crear alianzas intersectoriales:

Formar redes de profesionales, como abogados, docentes y activistas, que trabajen juntos para visibilizar y atacar la impunidad. Este tipo de redes puede actuar tanto en el ámbito judicial como en el social, apoyando casos legales y promoviendo campañas de concientización pública.

6. Participación activa en la política:

Incentivar la participación ciudadana no solo en las elecciones, sino también en la toma de decisiones políticas y el control de la gestión pública. Es vital que los ciudadanos exijan a sus representantes que cumplan con sus responsabilidades y rindan cuentas.

Hoy, más que nunca, la República Dominicana necesita que los buenos despierten. La historia no juzga solo lo que hicieron los malos, sino también lo que dejaron de hacer los buenos.

Fuente: Diario Libre