El caso SENASA continúa dominando el relato colectivo, y no es para menos. La indignación popular es lo suficientemente amplia como para mantener el tema, y también para generar la incertidumbre de si tras este caso, vendrán otros más. Ansiedad colectiva que la Navidad no ha podido disipar.
Los rumores no necesitan ayuda, caminan solos, y así como todos hablan de SENASA, algunos intentan establecer un hilo conductor con otros posibles casos en la administración pública, así sea instituciones del Estado no conexas o vinculadas.
Algunos rumores, como los que intentan vincular a la vicepresidenta de la república –Raquel Peña– al caso SENASA, en su calidad de coordinadora del Gabinete de Salud, no sólo carecen de fundamento, sino que cuando se indaga en las cuentas de redes sociales vinculadas a la rastrera campaña de descalificación, la trazabilidad deja en evidencia que los dardos no vienen de afuera, sino desde adentro.
Otros funcionarios, como el Superintendente de Bancos –Alejandro Fernández– han sido objeto de ataques y hasta de solicitudes de renuncia, a partir del hecho de que un hermano suyo trabaja en una de las compañías presuntamente vinculadas al entramado criminal que operó en SENASA… como si acaso la responsabilidad penal no fuera individual, y, en este caso, inexistente.
Otros rumores, sin embargo, no admiten el tratamiento de “la mai del play”, el “deja eso así”, ni se subsanan con el clásico videíto pidiendo excusas.
Matemáticamente, bajo el sistema bancario de reserva fraccionaria, ningún banco puede hacer frente a una solicitud de retiros de depósitos masiva, hecha por todos los clientes, al mismo tiempo. Por esa razón, el sistema bancario moderno está estructurado en torno a un activo intangible que constituye su principal valor: la confianza.
La confianza es la piedra angular que sostiene el sistema bancario en todos los países. Por eso, las leyes que regulan y organizan la actividad bancaria tienden de manera principal a proteger la confianza y a garantizar la credibilidad del sistema. De tal suerte que cualquier apelación al caos financiero, “rumores […] campañas difamatorias relativas a la liquidez o solvencia de una o varias entidades” bancarias, está sancionado por la Ley Monetaria y Financiera 183-02 (Art.80).
Hay rumores propiciados a lo interno del partido de gobierno que obedecen, más a mezquindades humanas, que a razones reales; hay rumores que pueden tener algún fundamento y merecen una explicación por parte de las autoridades, sobre todo cuando es la oposición quien reclama; y hay rumores que actúan como torpedos por debajo de la línea de flotación de todo el sistema, y no pueden permitirse ni promoverse.
La ley monetaria y financiera constituye la garantía de la estabilidad del sistema financiero nacional, y, por ende, del crecimiento económico del país. Un rumor infundado y malintencionado contra un banco, es un rumor contra todos los bancos; contra la estabilidad sistémica de la banca nacional; y, como tal, no puede tolerarse. Bajo ninguna circunstancia.
Fuente: Listín Diario
