Una de las primeras acciones internas que adoptó el nuevo director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García, fue la de solicitarles el pasado 22 de agosto a los comandantes la entrega formal de sus declaraciones juradas de bienes.

A través de un memorándum, Rodríguez García otorgó 30 días a los altos mandos policiales para presentar ese documento ante la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), periodo que finaliza el próximo 20 de septiembre.

De lo contrario, los miembros del cuerpo policial serían inmediatamente destituidos, por mandato del mayor general, y sancionados con imposición de multas o privación del salario que les corresponde.

Así lo establece la comunicación con la numeración 30267, que fue enviada con la firma del mayor general a los directores centrales, regionales y de áreas de la institución policial.

Al ser consultado por reporteros el pasado miércoles, García aseguró que están a la espera de que los integrantes de la Policía acojan la petición.

“Eso está establecido, nosotros somos empleados públicos. Eso va en proceso, (estamos) esperando que, en base (al memorando) todas van a cumplir con eso”, dijo García, quien fue juramentado el pasado 17 de agosto.

También los salientes

La declaración jurada de patrimonio consiste en un inventario de bienes autenticados por un notario público que deben entregar los funcionarios que integran la dirección de las entidades del Estado dominicano.

Precisamente la Ley 312-14, que regula ese procedimiento, especifica que el jefe, subjefe de la Policía Nacional, los encargados departamentales y regionales, así como los oficiales en posiciones de mando operativo o administrativo, deben cumplir con esta disposición.

Los empleados públicos antes mencionados deberán reportar ante la CCRD sus bienes y el de la comunidad conyugal. Esto comprende los ingresos que recibe, detalle sobre cuentas bancarias, información sobre participación accionaria en empresas, descripción de inmuebles, entre otras.

El exdirector de la Policía, Andrés Modesto Cruz Cruz, junto a quienes le acompañaron en su gestión, también deberá presentar su declaración jurada, ya que la legislación menciona a los funcionarios que cesen en el cargo.

Sanciones

La Ley 312-14 indica que, en caso de que algún miembro de la Policía no cumpla u omita declarar algún bien, incurriría en faltas de tercer grado, la cual es sancionada con la inmediata destitución del servicio. De esa manera lo establece la Ley 41-08 de la Función Pública, que regula el desempeño laboral de los funcionarios.

Otras faltas

Además, la Ley 590-16 especifica otras situaciones que pudiesen ser relacionadas con la falta de la declaración jurada.

Una de estas es la desobediencia a los superiores jerárquicos o los responsables del servicio con motivo de las órdenes o instrucciones legítimas dadas por aquellos, salvo que constituyan infracción manifiesta del ordenamiento jurídico.

Asimismo, la infracción de deberes u obligaciones legales inherentes al cargo o a la función policial, cuando se produzca de forma grave y manifiesta. Estas son tipificadas por el régimen policial como faltas graves, las cuales conllevarían la suspensión sin disfrute de sueldo de hasta treinta días, pérdida del derecho de ascenso por un año o multa de diez salarios mínimos.

Mientras que el retraso o la negligencia en el cumplimiento de las funciones y órdenes recibidas es clasificado como una infracción leve.

El inspector general de la Policía, Martín Miguel Tapia, junto a los superiores inmediatos, serían los responsables de efectuar los castigos correspondientes.

Fuente: Listín Diario