Desafortunadamente, la factura eléctrica se ha convertido, durante la presente gestión de Gobierno, en una especie de documento donde cabe todo: se agregan conceptos, se modifican partidas, y ahora, para colmo, se exhiben los llamados “subsidios” como si fueran una dádiva de las autoridades al pueblo dominicano.

Lo que debería ser un instrumento transparente para informar al consumidor sobre su verdadero consumo y el costo real del servicio, parece estar convirtiéndose, más bien, en un espacio para hacer politiquería con el bolsillo de los ciudadanos.

El Gobierno pretende presentar los supuestos “subsidios” en las facturas como si fueran un beneficio que los dominicanos deben agradecer, pero omite explicar las causas que provocan esos aportes económicos que pretenden exhibir como un acto de generosidad.

Si considera conveniente publicar cuánto subsidia el gobierno, ¿por qué no publica también las causas del déficit eléctrico? ¿cómo se genera? ¿cuánto cuesta?, y ¿cuáles son las responsabilidades de las autoridades y de las empresas distribuidoras?

¡Que publiquen la película completa, no solamente la parte que les conviene políticamente!

Si existe un déficit tan significativo en el sector eléctrico, la población tiene derecho a conocer su origen, las pérdidas de las distribuidoras, los niveles de cobranza, la energía que se pierde y las deficiencias administrativas que inciden en el problema.

Porque un subsidio no aparece por arte de magia. Si el Estado tiene que destinar miles de millones de pesos para cubrir el déficit del sistema eléctrico, es necesario explicar por qué se requiere ese dinero y qué resultados se obtienen con su utilización.

No se puede presentar el subsidio como un mérito del Gobierno sin explicar también las razones por las cuales los ciudadanos tienen que financiarlo.

¡¡Y que nadie se llame a engaño…!! Esos recursos no salen de los bolsillos de los funcionarios ni de la fortuna personal de ningún gobernante. Provienen de los recursos públicos que genera y aporta la sociedad dominicana, mediante los impuestos y otras fuentes de ingresos del Estado.

Por tanto, cuando el Gobierno destina dinero público a cubrir el déficit eléctrico, el pueblo también está asumiendo ese costo, aunque no siempre lo perciba directamente.

La negligencia o la mala gestión de las autoridades y de las empresas responsables no puede convertirse en una carga permanente para los ciudadanos.

Por eso, la transparencia que pregona el Gobierno debe ser completa. Si quiere colocar en la factura el monto que supuestamente subsidia a cada usuario, que incluya también información clara sobre las causas del déficit que da lugar a ese subsidio, el costo de esos aportes y qué medidas se han adoptado para reducirlo.

La factura eléctrica no puede convertirse en un documento donde se pone, se quita o se agrega lo que las autoridades consideran conveniente, sin ofrecer explicaciones claras y verificables.

Mucho menos debe utilizarse como instrumento de propaganda política para proyectar una imagen favorable del Gobierno mientras persisten los problemas del sector.

¿De qué sirve exhibir supuestos subsidios cuando las familias continúan soportando apagones, facturas elevadas y dificultades para comprobar si realmente los montos cobrados corresponden a su consumo real?

No se trata de negar que puedan existir subsidios necesarios para proteger a los sectores más vulnerables. Se trata de impedir que se utilicen como propaganda política mientras se ocultan o se dejan sin explicar las deficiencias que obligan al Estado a destinar recursos para sostener el sistema mediante subsidios.

Los dominicanos no son ingenuos ni merecen que se les trate como si lo fueran. Tienen derecho a conocer cuánto consumen, cuánto pagan, cómo se calcula el subsidio y por qué el país tiene que destinar tantos recursos a cubrir el déficit eléctrico.

Porque los subsidios financiados con recursos públicos no son una dádiva gubernamental. Y cuando se trata del dinero del pueblo, rendir cuentas no es un favor: es una obligación.

El pueblo dominicano tiene derecho a conocer no solamente cuánto subsidia el Gobierno, sino también por qué tiene que hacerlo, quiénes son responsables del déficit y cuánto le cuesta esa ineficiencia al país. ¡Menos propaganda y más transparencia!