El antecedente del Plan Renove, que terminó con sentencias firmes contra exfuncionarios y sindicalistas, debería servir de recordatorio ineludible. Sobre todo ahora que se habla de renovación de vehículos de transporte y fondos públicos que montan 67 mil millones de pesos.

Los buitres acechan y volveríamos a resultados frustratorios si el Estado se embarca en un trueque de chatarra por vehículos nuevos.

La obligación central del Estado es garantizar un transporte colectivo eficiente. Hay ya planes en ejecución que requieren muchos recursos y que en modo alguno convendría preterir: trenes, monorrieles, autobuses y teleféricos, entre otros.

La República Dominicana figura entre los pocos países donde los vehículos circulan sin inspecciones técnicas periódicas. La Ley 63-17 las exige, pero el Estado mira hacia otro lado desde hace años. Nuestras calles y carreteras son un muestrario de autobuses, camiones y automóviles cuya única garantía de seguridad es el atrevimiento de sus conductores. Amasijos de metales montados sobre ruedas, expresión de irresponsabilidad aplaudida.

Ahora que se habla de retirar las chatarras, aparecen los interesados en que el contribuyente pague la factura. Refresquemos la memoria.

El Plan Renove, concebido para modernizar el transporte, terminó convertido en un escándalo de corrupción que involucró unos 1,800 millones de pesos. Es cierto que la legislación contempla fondos para renovar las unidades del transporte de pasajeros y cargas, pero no dice que al sector privado. Una cosa es facilitar la modernización mediante mecanismos transparentes y otra, convertir al Estado en comprador de vehículos que sus propietarios explotaron hasta agotarlos.

El transporte colectivo interurbano, en su totalidad en manos privadas, funciona bastante bien. Que sepamos, esas empresas no pierden dinero, como tampoco los dueños de los camiones que transportan mercancías desde y hacia los puertos. Dejemos a los buitres que se coman entre ellos

Fuente: Diario Libre