Bernardo Vega
El presidente Luis Abinader se refirió a la “Operación Frontera” en la que se descubrió corrupción entre civiles y militares en el traspaso ilegal de haitianos.
En la misma participaron tanto el Cesfront como la Procuraduría que encabeza la magistrada Miriam Germán. Pero no se puso en ejecución lo ocurrido en un Gobierno anterior de Balaguer.
Cuando se descubrió a un militar recibiendo sobornos para dejar pasar haitianos se convocó a la prensa, se reunieron las tropas y en un acto público se le quitaron las insignias de sus hombros. Así fue sacado de forma deshonrosa y públicamente del ejército. Ojalá ese tipo de sanción puedan ejecutarlas ahora nuestros militares.
Cuando se estableció el Cesfront se hizo obligatorio que los soldados en la frontera llevaran una cámara en sus cuerpos para que así, a la distancia, el Cesfront pudiese saber lo que estaban haciendo.
Esas cámaras aparentemente han desaparecido y deben ponerse de nuevo en vigencia. En el pasado, por sugerencia de los agregados militares norteamericanos, se estableció la norma norteamericana de que los soldados lleven su nombre en la camisa.
Eso se hizo, pero duró muy poco pues los soldados dominicanos que incurren en acciones ilícitas no quieren que se sepa quiénes son. Lo de las cámaras y los nombres para los del Cesfront podrían tal vez ser más efectivos en la lucha contra la inmigración ilegal que las costosas inversiones en helicópteros y aviones.
En su discurso el presidente Abinader al criticar la desnacionalización del mercado laboral solicitó “la modernización y tecnificación de áreas de producción estratégicas”.
Suponemos que estaba hablando de la mecanización de la caña. Desde hace años nuestros ingenios han traído cortadoras de caña, pero al subir el precio del fuel oil consideraron que era más barato utilizar mano de obra indocumentada. Hoy se utilizan, pero en forma limitada.
En Luisiana la caña la cortaban a mano afroamericanos, pero cuando estos fueron reclutados durante la Segunda Guerra Mundial no hubo otra opción que mecanizar. Lo de la mecanización tal vez también sería aplicable tanto al arroz como a la industria de la construcción.
Durante muchos años, para no sufrir las consecuencias de violar la ley que exigía un 80% de mano de obra dominicana, se requirió de un decreto presidencial que exonerara del mismo y que aparecía en nuestra Gaceta Oficial coincidiendo con la zafra. Ya no aparece pues luce ser que los intereses creados lograron en el Congreso una nueva Ley 80-20 que no establece sanciones, lo que la hace inoperante.
