La Junta Central Electoral (JCE) y la Procuraduría General de la República suscribieron ayer un acuerdo de cooperación, el cual contempla la adopción de medidas encaminadas a asegurar el derecho al voto a los privados de libertad que no estén condenados irrevocablemente a pena criminal.
Mediante este convenio, el Ministerio Público, que dirige la Procuraduría, y la JCE se comprometen mutuamente a aportar sus mejores esfuerzos con el propósito de garantizar el voto de los internos en centros penitenciarios en condición preventiva a partir de las elecciones del 2024
En ese sentido, las entidades asumieron el compromiso de contribuir con la entrada en vigencia del voto penitenciario de los reos de manera progresiva, cuyos derechos civiles y políticos no estén suspendidos, de conformidad con lo que establece la Ley.
El acuerdo, suscrito por la Procuradora Miriam Germán Brito y el presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, está basado en disposiciones constitucionales y legales.
Fue firmado en presencia de los miembros titulares del Pleno de la JCE, Rafael Armando Vallejo Santelises, Dolores Fernández Sánchez, Patricia Lorenzo Paniagua y Samir Chami Isa y el secretario General, Sonne Beltré Ramírez, así como del director de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Hernández Basilio.
El presidente de la JCE calificó la firma del acuerdo como “un paso histórico dentro de la transparencia democrática y la eficiencia de los derechos” que, consideró, deben ser garantizados, “no en los papeles”, sino de manera real y efectiva.
Destacó la importancia del apoyo para la identificación de la identidad a través del mecanismo de biometría, porque permitirá, primero, que los privados de libertad de manera preventiva, que no pierden ningún tipo de derecho fundamental, salvo lo propio que señala el código penal, puedan ejercer el sufragio activo para las elecciones de 2024, como ocurre en otros países.
Agregó que el acuerdo también permitirá depurar el padrón del sistema carcelario, excluyendo a todas las personas juzgadas de manera definitiva e irrevocable.
De su lado, la procuradora Miriam Germán Brito destacó la importancia del convenio, considerando que reconoce derechos consagrados en la Constitución en favor de personas desfavorecidas de la sociedad que no podían ejercer el derecho al voto, por no estar registradas ni tener manera de que constaran sus datos.
“La cuestión del derecho al voto tiene una larga historia de exclusión. Por ejemplo, las mujeres fuimos excluidas por muchos años y no hace tanto que se nos reconoció el derecho al voto.
Esto es importante porque esas personas sienten que pueden hacer valer su opinión, su esperanza en favor de tal o cual candidato que creen que responde mejor o tiene mayor preocupación por su situación”, expresó Germán Brito.
Fuente: Listín Diario
