El proyecto legal HB 1297, que entró en vigor este 1 de octubre, ha levantado alguna polémica al contradecir la jurisprudencia vigente de la Corte Suprema de EEUU que, en 2008, en el caso conocido como Kennedy vs. Luisiana, sostuvo que la Octava Enmienda prohíbe la imposición de la pena capital en caso de violación de un niño, cuando el delito no tuvo como consecuencia la muerte intencional del menor.
El gobernador de Florida, quien se encuentra en plena campaña para representar a los republicanos en las próximas elecciones presidenciales, al firmar la ley dijo dijo que “en Florida, creemos que es apropiado que el peor de los peores crímenes merezca el peor de los peores castigos”.
Por otra parte, la Corte Suprema de EEUU considera inconstitucional condenar a muerte a una persona por cualquier delito distinto al homicidio, con la excepción de los crímenes contra el Estado. Es decir, traición, espionaje, terrorismo y narcotráfico.
Al aprobar la pena de muerte para pedófilos que violen a un menor, los legisladores de Florida se disponen a echar un pulso legal contra la Corte Suprema. El propio texto de la norma afirma que “Kennedy vs. Luisiana fue erróneamente decidida” y considera ese caso “una forma atroz de obstruir el poder de los estados para castigar el más atroz de los crímenes”.
La entrada en vigor de la nueva ley se produce en un contexto legal en el Estado del Sol que facilita la pena máxima. Desde mayo pasado, en Florida no es necesario contar con el voto unánime del jurado para sentenciar a la pena capital a un reo. Es suficiente con el voto de al menos ocho de los 12 miembros del mismo.
El 1 de octubre entraron en vigor una docena de leyes aprobadas en la pasada legislatura de Florida
Diario Las Américas