La ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) coloca patas arriba a la Constitución de la República al vulnerar derechos fundamentales e inalienables y colocar a los ciudadanos, empresas e instituciones a merced de una súper agencia con poderes cuasi dictatoriales.
Conforme a ese estatuto, las personas físicas están obligadas a fungir como informantes o delatores en cualquier situación que oficiales de la DNI la consideren poseedoras de alguna información relacionada con la seguridad nacional.
Esa ley viola el artículo 49 de la Carta Magna que consagra el derecho de los periodistas de proteger la identidad de sus fuentes noticiosas, pero también autoriza a la DNI a acceder de manera directa a datos personales y llamadas en tránsito en los sistemas de empresas telefónicas, sin autorización de un juez.
Bastaría que cualquier agente de lo que volvería a erigirse como “el temible servicio de inteligencia del Estado” inquiera a un ciudadano ofrecer confidencias que cree en su poder, para que la persona inquirida corra el riesgo de ser encarcelada y procesada.
Aunque las informaciones referidas a la banca de intermediación financiera serían requeridas por la DNI a través de la Superintendencia de Bancos, una alegre interpretación de esa ley vulneraría el secreto bancario y colocaría toda la data financiera de depositantes y ahorrantes sobre escritorios innominados.
¿Cómo es posible que en un Estado social de derecho se apruebe y se promulgue una ley que obliga a las empresas públicas y privadas a proveer a una agencia oficial información de sus fuentes en violación a cláusulas de confidencialidad e intimidad de clientes, pacientes, imputados o feligreses?
La Ley Sustantiva y los estatutos objetivos establecen el tipo de relación jurídica que debe prevalecer entre el ciudadano y el Estado, basado en un régimen de derechos y de obligaciones compartidas, arbitrados por los tribunales de la República, sin que ningún estamento se abrogue facultades dictatoriales.
El presidente Luis Abinader no debería permitir que su gestión quede manchada en la historia con una ley de Seguridad Nacional incompatible con la democracia, que retrotrae a la sociedad dominicana a tiempos cuando la libertad y la vida pendían de las infidencias de algún calié.
Por eso luce acertada la decisión del Presidente, quien al defender que el actual es un gobierno “esencialmente democrático”, convocó a un diálogo para tratar sobre esa ley, que de inmediato fue acogido por la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), una de las primeras instituciones que expresó su preocupación porque ese estatuto afectaría derechos a la privacidad y el secreto profesional.
EDITORIAL El Nacional
