La campaña electoral ha despertado un celo excesivo, pocas veces visto, por los “derechos fundamentales” de los ciudadanos, la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral, la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional y la propia Constitución de la República, que se aplica y se interpreta según los intereses de los grupos políticos, económicos y sociales.
Los “constitucionalistas”, que últimamente han crecido como la verdolaga, no se ponen de acuerdo sobre su aplicación, pues cada uno tiene una visión distinta a pesar de que el texto es único. No hay dos, ni tres Constituciones, sólo existe una, que no puede ser modificada ni cambiada antojadizamente, salvo como ella misma lo establece.
En este país existen, además de un amplio sistema de justicia, que abarca el Ministerio Público, dos modelos penitenciarios, tribunales regulares y Alta Cortes, todas las leyes imaginables. Sin embargo, no funcionan de manera en que lo establecen las leyes, incluyendo la Constitución política de donde se desprende -según la norma- un Estado democrático de derechos.
La justicia dominicana es infusionar, lenta, costosa y clasista, pues solo es útil para los dueños del país, que nuca o rara vez pagan las consecuencias de sus crímenes y delitos. Los desheredados de la fortuna son los que abarrotan las cárceles, en más de un 60% de manera preventiva. Pero cuando un político corrupto o un poderoso, por la acusación de algún delito es enviado a prisión, se desatan los demonios en los medios de comunicación hasta obtener su libertad.
Me pregunto, ¿no atenta conta la dignidad, intimidad y buen nombre cuando un periodista o comunicador o comunicadora, sin autorización de ninguna autoridad judicial o policial llama a un hogar familiar, empresa u oficina, graba la conversación y luego la difunde a través de un programa de televisión, de radio o en las redes sociales sin ninguna consecuencia? ¿No es eso ilegal? ¿Por qué no se quedan los defensores de los derechos ciudadanos? ¡Carajo!.
¿Quién protege al ciudadano cuando alguien, a través de la Internet, lo acusa de ladrón, narcotraficante, corrupto, asesino, proxeneta, pervertido, etc., sin ninguna prueba, física o verbal que lo sustente? ¿Acaso no es ilegal? ¿Por qué los abogados constitucionalistas no dicen nada sobre el particular?.
¿Quién defiende a la sociedad de los promotores, a través de las redes sociales, de la obscenidad, morbosidad, maledicencia, vulgaridad y la falta de respeto a la intimidad, la privacidad y el buen nombre de los ciudadanos? ¿Dónde están los defensores de los derechos humanos, de la Constitución y las leyes? ¿Por qué callan?
