El exministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz, señalado en el caso Calamar como «el máximo ejecutivo del crimen» con el que se desfalcó al Estado con más de 41,000 millones de pesos, «violentó todos los controles de pago del Estado» para beneficio propio y de sus relacionados y para hacerlo posible presionó a funcionarios de menor jerarquía para que hicieran lo que la ley les prohibía.
Según la acusación del mayor caso de corrupción sometido hasta el momento en los últimos cuatro años, uno de los presionados por Guerrero Ortiz fue el ministro de Obras Públicas en julio del 2020, Ramón Antonio Pepín del Rosario, quien sustituyó a Gonzalo Castillo en esa institución.
Pepín del Rosario, «a sabiendas» de que la operación que le solicitaba el acusado para obtener el pago de » 11,718,294,975.93″ del Banco de Reservas agregó un párrafo a una comunicación que le exigía el encartado para curarse en salud.
El pago de los más de 11 mil millones de pesos beneficiaba a Intercaribe Mercantil, S.A.S empresa que Guerrero Ortiz constituyó en el año 2013 y la cual estaba representada por su hijo y también acusado en el caso de malversación, Daniel Guerrero Mena.
Según el Ministerio Público, Intercaribe Mercantil, S.A.S no era contratista del Estado dominicano, sino que era cesionaria de la empresa Sargeant Petroleum, «a raíz de conciertos fraguados por el mismo acusado (Guerrero Ortiz) conjuntamente con José Miguel González Cuadra y Mustafa Abu Naba´A, desde que Gonzalo Castillo Terrero asumió el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones», por lo que «no cumplía con los requisitos para beneficiarse de los fondos públicos.
La astronómica suma de dinero se solicitaba por concepto de cesiones de créditos acordadas en los años 2016, 2017, 2018 y 2019, sustentadas en facturas generadas por suministros de material asfáltico AC-30, de hormigón asfáltico caliente (HAC) y cubicaciones correspondientes a proyectos de obras ejecutados por el ministerio.
El párrafo que agregó Ramón Antonio Pepín del Rosario para aclarar que la deuda debía conciliarse antes con el banco es el siguiente:
- «Cabe destacar que los expedientes relativos a las facturas y cubicaciones que sustentan aproximadamente el 80% de la referida deuda, fueron remitidos al Ministerio de Hacienda, donde reposan en la actualidad, mientras que el restante 20% se encuentra en proceso de pago por parte de este Ministerio, por lo que monto de la deuda precedentemente citada está sujeto a conciliación con el Banco de Reserva».
El exministro de Hacienda requirió al de Obras Públicas «el listado de los contratistas que tenían deudas con el Banco de Reservas», pero Pepín Rosario «entendía que no habían datos para proceder al pago sin realizar las conciliaciones de lugar» con la entidad financiera gubernamental, por lo que «no estuvo de acuerdo con la redacción de esa comunicación», se lee en el expediente que conocer el Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional.
Ante la negativa de Pepín del Rosario, Donald Guerrero Ortiz «le remitió, a través del director financiero del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la comunicación redactada sólo para firmar, sin embargo, este se negó a firmarla y decidió realizar una diferente. Esta comunicación se había redactado, a solicitud del Ministro de Hacienda, en la VP de Banca Gubernamental».
Pago cuestionado y sin papeles que lo sustentaran
Un desembolso que ordenó pagar Guerrero Ortiz a la empresa Intercaribe Mercantil, fue la suma RD$1,834, 811, 729.85 a su favor, «sin existir un contrato, ni certificación de deuda, ni facturas ni cubicaciones que respalden el monto pagado».
Habría desfalcado al Estado con la referida suma de: «cincuenta y un millones setecientos quince mil cuatrocientos noventa pesos con 03/100 (DOP51,715,490.03) al asumir el pago de los intereses de una línea de crédito privada de la empresa de su hijo el acusado Daniel Guerrero Mena con cargo al 15% de las utilidades del Banco de Reservas del año 2019, fondos que estaban destinados al pago de deudas contraídas por las instituciones públicas».
Las facilidades de líneas de créditos a los contratistas de instituciones del Estado se crearon con el «Programa de financiamiento de contratistas» y que habría costado al Estado más de 21,000 millones de pesos, más del 50 por ciento del total de la estafa que se atribuye a la red cuya investigación se ha bautizado Calamar..
Fuente: Diario Libre
