Carmen Imbert Brugal
Cuando los funcionarios transiten por los callejones como en tiempo de campaña y el testimonio del acontecer nacional no lo provea el chofer o el espaldero, algo comenzará a cambiar. Ver, escuchar, más allá de las redes y de la comunicación complaciente, aunque luzca disruptiva, permitiría aquello de poner el oído en el corazón del pueblo y alertar al líder para evitar envanecimientos pasajeros.
Algunos designados por decreto se acomodan en sus despachos. Diputados y senadores, beneficiarios del voto, prefieren una reunión en Palacio que el traslado a la provincia. Poco a poco desoyen los problemas en su comunidad y pierden ese contacto que permitió el triunfo. Los gobiernos municipales intentan más cercanía, pero entre el presidencialismo y la delimitación de sus funciones establecidas en la Constitución y las leyes, optan por el silencio.
En época de poder único estar al tanto de la pequeñez local es tan importante como celebrar los aciertos del presidente en foros internacionales. El oficialismo está contento con la inclusión del mandatario en la Coalición Global contra las drogas sintéticas, distinción encomiable que no debe encubrir el problema nacional. Desde aquella denuncia revelando la existencia de 20 mil puntos de venta de drogas, hecha por el legislador que hoy es presidente de la Cámara de Diputados -2006-, la situación ha empeorado. Los puntos sencillamente son parte de la rutina citadina, espacio controlado por los capos para infundir temor, demostrar su dominio y proveer beneficios a miles de ciudadanos que participan en el rentable negocio. ¿Desconocen las autoridades la ocurrencia o prefieren estar lejos de las miserias nacionales?
Los informes de organismos internacionales afirman que RD está en el trayecto de la mercancía proscrita, hasta el extremo de mencionar la droga que se queda aquí para satisfacer la demanda de turistas y criollos.
Aunque el uso de la cocaína y el crack es superior al de la marihuana y la cocaína rosada se consume sin importar el precio, sentir el olor a cannabis es cada vez más frecuente en lugares públicos. La hierba es de consumo libre sin necesidad de derogar la ley -50-88– y antes de que el “Big Papi” confesara su amor por la marihuana. Vale recordar que en Google aparece la dirección y oferta de puntos de ventas, sin olvidar los balbuceos de los “artistas urbanos” incitando al consumo. El caso de la calle 42 -Ensanche Capotillo- mencionado en esta columna, es prueba no de la ineficiencia sino de la tolerancia proporcional a la impotencia oficial. El gobierno se suma a la lucha transaccional contra el fentanilo, se regodea mostrando toneladas de drogas incautadas después de persecuciones hollywoodenses, pero rehúye enfrentar la distribución, venta y consumo local.
Dios está en los detalles, pero la megalomanía decide y el aplauso motiva. La sensación es similar al entusiasmo que ha despertado el proyecto destinado a bloquear la señal que permite el uso de teléfonos móviles, desde las cárceles, para la comisión de crímenes y delitos. Innecesaria complicación, bastaría aplicar el artículo 102 de la ley que regula el Sistema Penitenciario y Correccional.
