Es inconcebible que en pleno siglo XXI, los centros penitenciarios dominicanos carezcan de sistemas de vigilancia profesional, como las cámaras de video.
Esta falla expone a internos, personal y a la sociedad a riesgos innecesarios.
El caso del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) La Isleta, en Moca, donde las cámaras de vigilancia no funcionan desde 2012, es un reflejo preocupante de negligencia institucional
El activista social Juan (Guanchi) Comprés ha denunciado esta grave deficiencia, calificándola de inaceptable.
Su indignación es compartida por toda una sociedad que no entiende cómo un sistema tan básico y esencial puede estar fuera de servicio durante más de una década.
Este descuido no solo compromete la seguridad dentro del recinto, sino que también dificulta la investigación de incidentes graves, como fugas o actos de violencia, al no haber registros audiovisuales confiables.
Al respecto, el director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Hernández Basilio, ha dicho que las cámaras que existen allí son de aficionados.
En lugar de tranquilizar, esta declaración subraya la falta de planificación y profesionalismo en la gestión de un componente crítico de la seguridad.
Es necesario actuar de inmediato para garantizar que todas las cárceles cuenten con sistemas de vigilancia modernos y operativos, alineados con estándares internacionales.
El caso de La Isleta no es un incidente aislado. Otros recintos también han reportado fallas similares, lo que deja en evidencia la precariedad general del sistema penitenciario.
Un sistema de prisiones eficaz no solo se mide por su capacidad de castigar, sino por su compromiso con la seguridad, el orden y la rehabilitación.
Sin una infraestructura de video vigilancia adecuada, estas metas quedan gravemente comprometidas.
El llamado es urgente.
Las autoridades deben garantizar la implementación inmediata de sistemas de video vigilancia en todas las cárceles del país.
Listín Diario
