Cuando el Tribunal Constitucional declaró contrarios a la carta magna los artículos 152 y 157 de la Ley de Régimen Electoral, abriendo el paso para las candidaturas independientes, les quitó a los partidos políticos la posibilidad de mantener el monopolio de las posiciones electas en los diferentes estamentos del Estado.
Las reacciones adversas a la disposición de la Alta Corte no se hicieron esperar, y los alegatos para oponerse a que un ciudadano ejerza plenamente su derecho a elegir y ser elegido han sido de lo más variados.
El tema ya fue tomado por la Junta Central Electoral, que designó una comisión para la elaboración de una ley que regule las candidaturas que no nazcan en el seno de los partidos políticos. Esta legislación debe garantizar la transparencia necesaria para que se cumplan las directrices dictadas por los magistrados constitucionalistas.
La democracia dominicana ha demostrado haber crecido en los últimos 30 años, y las organizaciones electorales deben comprender el rol que les toca jugar y acatar lo que dispone nuestra Constitución.
Editorial Diario Libre
