Finalizando la década de los 60 del siglo pasado, Marshall McLuhan, filósofo candiense, predijo lo que denominó “aldea global”, para referirse a la intercomunicación humana a escala mundial a través de los medios electrónicos.

Efectivamente el internet ha facilitado lo que se conoce como redes sociales, que han dado un tiro mortal al monopolio de los medios de comunicación tradicionales, que dirigían mensajes verticales, sin retorno o retroalimentación.

Las redes sociales disponen de múltiples virtudes, pero entre sus aspectos negativos resalta el hecho de que contribuyen a la insociabilidad de las personas. Ya los padres observan como aspecto normal que un niño se pase la mayoría de las horas del día con una tablet o dispositivo portátil practicando juegos muy alejados de la realidad que le rodea, descuidando sus tareas escolares y el trato personal con los demás seres humanos, incluyendo a miembros de su familia.

Esos juegos crean adicción. Pero ¿quién corrige esa adicción? Solo hay que observar que donde quiera que hay personas reunidas, a la espera de algún servicio, la mayor parte está pendiente a su móvil.

Sin embargo, cada individuo es responsable de su conducta distraída. Lo que se torna altamente preocupante es que las redes sociales se tomen para desinformar con noticias falsas. Peor aún: para difamar e injuriar y dañar reputaciones de personas, lo que ha motivado que un alto número de países cuenten ya con normas jurídicas que regulan el desenvolvimiento de estos no tan novedosos medios.

Carencia de normas

República Dominicana no dispone de ninguna ley en ese sentido. La Ley 53-07 se refiere a todos los delitos de alta tecnología, sin enfatizar para nada lo referente a la comunicación.

La difamación y la injuria son delitos establecidos en nuestro Código Penal. En los artículos del 367 al 372 se habla de sus conceptos y sanciones. Inclusive tenemos la Ley 6132, vigente desde la época del Consejo de Estado, que expone el derecho a expresión y difusión del pensamiento sin censura previa, pero observando limitaciones cuando se cae en imputaciones graves y no comprobables, así como en expresiones afrentosas y peyorativas.

Empero, tanto nuestro Código Penal como la Ley 6132, son normas desfasadas, en lo inherente a la comunicación social, pues fueron elaboradas en épocas donde no había internet y, por ende, redes sociales, lo que obliga a la actualización y creación de una ley que recoja la necesidad de la sociedad de hoy en materia de comunicación, ofreciendo amplias libertades en torno al derecho universal de la expresión de las ideas, pero castigando ejemplarmente los excesos que dañen nombres y reputaciones personales. Es lo que se estila hoy día en los países democráticos y con separación de poderes.

Ley mordaza

Muchos de nuestros legisladores, no obstante, estiman, de forma demagógica, que sería una “ley mordaza”, un atentado al derecho a la libertad de expresión. En República Dominicana hay sobrada libertad de expresión y es un derecho que todos defendemos, lo que no se puede tolerar más es el libertinaje, las palabrotas descompuestas y la depravación.

Todo al que le da la gana agarra un micrófono y destruye en un instante a otra persona. ¿Con qué derecho? Y en las redes es común ver epítetos difamatorios, como narcotraficante, delincuente, ladrón, prostituta, entre otros. Y adjetivos injuriosos como “come mierda”, “baboso”, “maldito negro”, “lambe tragos”.

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