En el imaginario colectivo, la justicia penal es un mecanismo que busca esclarecer delitos y sancionar a los responsables. Sin embargo, en la República Dominicana, un problema latente amenaza con desvirtuar este principio: la excesiva duración de los procesos penales. En lugar de ser una garantía de equilibrio y legalidad, los procedimientos prolongados terminan funcionando como una condena anticipada para los acusados, violando derechos fundamentales y erosionando la confianza en el sistema judicial.
La Constitución dominicana es clara en su artículo 69.3: toda persona sometida a un proceso penal tiene derecho a ser juzgada en un tiempo razonable. Esta garantía también está establecida en el Código Procesal Penal, que fija límites específicos para evitar que los procedimientos se extiendan indefinidamente. Sin embargo, en la práctica, la justicia dominicana enfrenta una crisis de dilaciones que convierten a los imputados en víctimas de un sistema que, irónicamente, debería garantizar su protección.
Los tribunales han reconocido que la extinción del proceso penal por duración máxima no es una simple recomendación, sino una obligación legal. El Tribunal Constitucional ha dictado varias sentencias reafirmando que los procesos penales no pueden prolongarse indefinidamente sin que ello vulnere el derecho de defensa y la seguridad jurídica de los imputados.
Para entender la gravedad de este problema, basta con analizar casos concretos. En 2021, un ciudadano fue sometido a una medida de coerción que restringió sus bienes, marcando el inicio de una persecución penal. Luego, fue arrestado y pasó 19 meses en prisión preventiva, seguidos de 21 meses en arresto domiciliario, sumando un total de 40 meses de privación de libertad sin una sentencia definitiva. Durante ese tiempo, el Ministerio Público tardó más de un año en presentar la acusación y otros 14 meses en obtener un auto de apertura a juicio. Hoy, cuatro años después del inicio del proceso, la fase de pruebas aún no ha concluido.
Este caso no es una excepción. En la República Dominicana, muchos imputados ven pasar los años mientras su futuro depende de un proceso judicial interminable. La prisión preventiva, diseñada como una medida excepcional, se convierte en una condena de facto, castigando a personas que ni siquiera han sido declaradas culpables.
- Seguridad jurídica: nadie debería vivir bajo una amenaza judicial indefinida. El Tribunal Constitucional ha establecido que un proceso penal no debe superar los cuatro años, y cualquier dilación injustificada debe conducir a su extinción.
- Proporcionalidad: las restricciones impuestas a los imputados deben ser necesarias y justificadas. La prisión preventiva de 40 meses sin condena es una medida desproporcionada y contraria a la justicia.
- Legalidad: el abuso del poder punitivo del Estado debe ser contenido por normas claras que impidan que un proceso penal se convierta en una herramienta de opresión.
Estos principios han sido ratificados en sentencias recientes del Tribunal Constitucional, como las TC/1106/24 y TC/0592/24, donde se reafirma que la duración excesiva de un proceso penal es una violación de los derechos fundamentales.
La extensión indefinida de los procesos penales no solo afecta a los imputados, sino que también debilita la credibilidad del sistema judicial. Si los tribunales no garantizan la pronta resolución de los casos, la justicia pierde su razón de ser.
