Carmen Imbert Brugal
Dejad toda esperanza” es el título de un trabajo, publicado en este espacio-9.XII.24- cuando el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) sugirió “el uso de GPS y salir una hora antes para llegar al lugar previsto”. Fue su propuesta para conjurar el tormento cotidiano en las calles dominicanas.
La alusión a la dramática inscripción en el Infierno de Dante Alighieri merece repetirse después de la lamentable participación en el Senado del fundador del partido País Posible. El inefable ex administrador de EDESUR, habló como un opinante más.
Denunció, acusó, describió, como cualquiera lo haría, lejos de asumir su responsabilidad. Con su verborrea habitual, en valentonado por las felicitaciones de los senadores, hizo el relato del desastre, de la ineficiencia. Comentó el peligro que convierte el trajinar por calles, avenidas, carreteras en un desafío suicida.
La galantería senatorial fue penosa. La senadora Ginette Bournigal Socías, atinada, omitió los piropos al orador, cómodo con su protagonismo y le recordó su condición de director: “quiéralo o no, usted es el regulador.” Mencionó la irrelevancia de su presencia en Puerto Plata y señaló la precariedad de la oficina local del INTRANT.
La invitación hecha por el Senado al director fue motivada “por la gran preocupación que tiene la sociedad por el aumento de los accidentes de tránsito y la situación general del transporte.” El lance mereció encomio, provocó entusiasmo, la fanfarronería sería vencida. No fue así, el decurso de la comparecencia fue frustrante, otra muestra de la frágil institucionalidad nuestra, de la difusa función del primer poder del Estado.
Patético el inicio con el minuto de silencio para recordar a las víctimas de los accidentes de tránsito. “Aquí nadie es el culpable, porque todos lo somos” fue la proclama que auguraba la ristra de proyectos, contradicciones, justificaciones. Inocultable la negligencia para aplicar la ley que quieren modificar como solución. Con irritante verbosidad, el invitado, admitió que las previsiones establecidas en la vilipendiada ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial no se aplican. Comentó que exigencias como la Inspección Técnica Vehicular está en agenda.
Grandilocuente enarboló la transparencia, atrás quedó el “acto de terrorismo” que marcó su inicio en la institución. No citó el acuerdo firmado por él con la Agencia de Cooperación Internacional de J apón, para mejorar el tránsito y el transporte en el Gran Santo Domingo. Ahora está entusiasmado con lo aprendido en la “IV Conferencia Ministerial sobre Seguridad Vial”, celebrada en Marruecos. Mientras repartía culpas por doquier, olvidó su propósito de “transformar el sistema de transporte dominicano, para que sea más seguro, eficiente, accesible y sustentable.”
Luego de la experiencia, continuará el caos. De la visita queda la preocupante convicción de cuan inservible es la legislación vigente. S u aplicación depende del humor de los funcionarios. Además de la demonización de la ley 63-17, la revelación del senador Antonio Marte sirvió para confirmar la derogación implícita de la ley 55-88. El poderoso jeque del transporte ratificó algo repetido y sabido: el consumo de sustancias controladas es libre en el país. No sólo los chóferes disfrutan el privilegio.
Fuente: Hoy
