Por fin, el Estado dominicano comienza a asumir con la seriedad y el sentido de urgencia que merece el tema migratorio. Las 15 medidas anunciadas por el presidente Luis Abinader para frenar la migración irregular haitiana marcan un punto de inflexión en la política nacional.
No se trata de una simple respuesta reactiva, sino de un paquete estructurado, integral y, sobre todo, valiente, en un momento donde mirar hacia otro lado sería lo más fácil…, pero también lo más irresponsable.
La situación que atraviesa Haití es, sin duda, una tragedia humanitaria sin precedentes. Pero esa realidad no debe convertirse en una condena para la República Dominicana cuyas fronteras, hospitales, escuelas, empleos y seguridad nacional han sufrido las consecuencias de una migración descontrolada, sin mecanismos de contención ni legislación eficiente para enfrentarla.
En ese contexto, las palabras del presidente de liderar es asumir el costo de hacer lo correcto cuando es más fácil mirar hacia otro lado, resumen con precisión el espíritu de estas acciones. Se trata, en esencia, de proteger la soberanía sin renunciar al respeto de los derechos humanos, de hacer cumplir la ley sin caer en xenofobia, de organizar lo que por años se dejó crecer sin control.
Entre las medidas más contundentes, destaca el proyecto de modificación de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, depositado por el Poder Ejecutivo en el Congreso Nacional. Este proyecto busca ampliar el marco legal, endurecer las sanciones y cerrar las grietas que hoy permiten que redes ilegales —y en muchos casos, funcionarios públicos corruptos— operen impunemente en contra del interés nacional. Castigar a quienes faciliten el ingreso ilegal, a quienes alquilen propiedades a personas en situación migratoria irregular, o a las mafias del tráfico de personas, es una señal clara de que la impunidad se está acabando.
Además, la dominicanización del empleo, la instalación de más oficinas migratorias, la creación de un observatorio ciudadano y el protocolo para el uso de servicios hospitalarios son medidas que apuntan a ordenar el caos, proteger los recursos nacionales y garantizar que los servicios estatales lleguen primero a quienes legalmente les corresponde.
¿Son medidas duras? Sí. Pero también necesarias. La migración no puede seguir tratándose como un tabú político ni como una bandera de corrección que ignore la realidad social. República Dominicana es un país con recursos limitados, y no puede —ni debe— cargar sola con el peso del colapso institucional haitiano.
Es fundamental que estos anuncios no se queden en el papel. La vigilancia de la sociedad civil, la ejecución de los cambios legales y el compromiso institucional a todos los niveles serán claves para que esta política migratoria sea efectiva. La frontera no puede ser una línea simbólica, y la ley no puede ser opcional.
Hoy, el país tiene la oportunidad de redefinir su relación con la migración bajo criterios de legalidad, seguridad y dignidad. El liderazgo demostrado por el presidente Abinader.
Fuente: Hoy
