SANTO DOMINGO.– La construcción de obras turísticas en el límite de 60 metros de franja marina y costera de la República Dominicana viola la ley e impacta de manera directa en la preservación de áreas vitales para la protección de playas y costas, denunció la Academia de Ciencias y de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

El ambientalista Luis -Cucho- Carvajal, miembro de la citada entidad, explicó que «esa violación nos pone indefensos ante cualquier fenómeno climático, atmosférico, sin mencionar el declive costero que cada año se acrecienta». «Ya lo hemos visto y vivido, además de que los desechos producidos por estas construcciones van directo al mar, poniendo en peligro tanto la flora como la fauna marina», afirmó Carvajal al medio digital Panorama.

«Ordenanzas, decretos, resoluciones, emitidos desde instancias que deben velar por la preservación de ecosistemas vitales, tiene un impacto impredecible en el medioambiente. Más aún, algunas de estas entidades mantienen una rivalidad “oculta” por el protagonismo, y cada cual hace y deshace a su antojo», destaca un reportaje de Panorama.

«LA VIOLACION ES UNA CONSTANTE»

Agrega que «la violación a la Ley 305-68 es una constante establecida en zonas costeras-turísticas dominicanas. Se traga parte de nuestras playas, poniendo en riesgo inminente tanto al turismo nacional como internacional».

Carvajal señaló que “uno de los problemas –quizá el principal– radica en que solamente el Poder Ejecutivo, mediante decreto, puede permitir cierto tipo de edificaciones y en circunstancias muy especiales».

“Solo se puede construir en el marco de los 60 metros de costa bajo tres premisas: asunto de seguridad nacional y eso lo decide por decreto el Poder Ejecutivo; segundo, permiso de proyectos turísticos, y también debe ser con un decreto del Poder Ejecutivo, que también tiene sus límites, pues debe estar acompañado de estudios de suelo, de medio ambiente y la zona en que se va a construir; y tercero, una circunstancia de emergencia que amerite hacer alguna intervención de carácter momentáneo”, indicó Carvajal.

Asegura que «la franja de 60 metros es de uso público y nadie puede usufructuarla a su antojo por un permiso otorgado por uno de los ministerios actuantes en esta situación». «Nos referimos a los de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Vivienda, Obras Públicas y Comunicaciones, y en última instancia, el de Turismo, que ha tomado voz cantante y protagonismo en cuanto a desarrollo de proyectos de este tipo», subrayó.

“Sin embargo, a todo lo largo y ancho de la costa dominicana existen violaciones múltiples. Lo primero es la ocupación de esos espacios de manera irregular lo que implica caminería, vías de acceso y a veces hasta carreteras internas” refirió.

PELIGRO INMINENTE

Dijo que eso pone en peligro inminente zonas de protección natural, como manglares, dunas costeras y albuferas, y otros componentes físicos estructurales de las costas tienen múltiples formas de ser violentadas».

Panorama recuerda que «el problema no es de ahora, ha sido de todos los gobiernos, sin excepción, a partir del segundo gobierno del Partido Revolucionario Dominicano (PRD)». «La muestra más evidente es el Reglamento 2115, de Clasificación y Normas para Establecimientos Hoteleros, publicado en la Gaceta Oficial 9641 del 16 de Julio de 1984, emitido por el entonces presidente Salvador Jorge Blanco», afirma.

«Es en esta gestión gubernamental, que se inicia el proceso de ilegalidad, que coloca por encima de la ley vigente, decisiones ¿unilaterales?, sin pensar en el derecho de ley», cuentiona el escrito de Panorama firmado por Claudia Fernández.

Explica que «dicho reglamento se mantiene, a pesar de que el Informe diagnóstico del marco legal turístico y ambiental de la República Dominicana, realizado en 2017 con el apoyo del PNUD, recomienda su revisión para buscar opciones sostenibles, que no socaven el medio ambiente costero, ya de por sí alterado.

Fuente: El Nacional