enfoque
En cualquier república democrática, la Justicia se convierte en el contrapeso del poder político y es la principal garantía de los derechos ciudadanos, pero también garantiza el funcionamiento del sistema. Sin independencia, no se puede hablar de Justicia.
Antes he mencionado que el político británico Lord Acton dejó una frase para la historia: “El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Este pensamiento de alguien que estuvo en medio de las mieles del poder explica la tentación en la que caen algunos gobernantes que, olvidando los principios democráticos, controlan la Justicia para no tener obstáculo para imponer sus políticas, por muy equivocadas o peligrosas que sean.
Son los fiscales, jueces o magistrados quienes están llamados a actuar con independencia y poner los límites al poder político para que este no sea absoluto y termine pisoteando los derechos ciudadanos. Son ellos los llamados a evitar que el abuso se desboque irremediablemente, generando corrupción. Una justicia sometida convierte la política en un juego sin árbitros y, en consecuencia, sin reglas.
En Estados Unidos, la democracia más poderosa y antigua, tenemos ahora mismo un ejemplo de cómo la Justicia, al servicio de la presidencia, promueve una concentración de poder peligrosa en manos de Donald Trump. La reciente decisión de la Corte Suprema limita el poder de los jueces y otorga más poder para que el presidente pueda gobernar con sus órdenes ejecutivas, una situación cuyos alcances encienden las alarmas democráticas.
Más allá de Trump, el fallo abre una grieta institucional que podría ser explotada por cualquier futuro presidente con ambiciones autoritarias. Si el máximo tribunal puede inclinarse según afinidades políticas, entonces los ciudadanos estadounidenses están indefensos ante ese enorme poder que brota de la Casa Blanca.
Si bien Trump y sus actitudes le muestran como un gobernante autocrático, ahora queda en evidencia que tiene ante sí pocos límites, porque la Justicia empieza a inclinarse ante sus deseos. No cabe esperar que la democracia se fortalezca, sino todo lo contrario. Hay muchos que dicen esto y los republicanos lo niegan, pero el tiempo es que mostrará quien tiene la razón. Yo soy de los que piensa igual que Lord Acton, y el poder absoluto no tiene otro camino que la corrupción absoluta, acompañada de todo tipo de problemas.
Ese sueño de concentrar poder está en la cabeza de muchos gobernantes.EXTERNA
En Guatemala, entre 2016 y 2023, dos gobernantes muy proclives a favorecer la corrupción –Jimmy Morales y Alejandro Giammattei– crearon un esquema en el que el poder político y fuerzas oscurantistas del país controlan el Ministerio Público (MP), los tribunales y las cortes. Es decir que fiscales, jueces y magistrados actúan coludidos para promover impunidad y proteger la descarada corrupción que, aunque siempre la ha habido, se disparó a partir de 2011.
En 2024 hubo cambio de presidente y Bernardo Arévalo llegó al poder con la promesa de combatir la corrupción. Sin embargo, 18 meses después, los avances son mínimos, precisamente porque la Justicia sigue actuando con los fines de antes y arremete contra el poder político. Este es un caso muy peculiar en el mundo, porque en este pequeño país centroamericano se libra una permanente lucha por revertir las estructuras lo que los presidentes mencionados armaron. En Guatemala, la justicia actúa con independencia del poder Ejecutivo, pero no con independencia auténtica, sino que sus acciones responden a los grupos de poder que fueron desplazados por las fuerzas que apoyaron a Arévalo en las elecciones de 2023.
En el Salvador vemos un fenómeno parecido al que se da en Estados Unidos. Nayib Bukele ha actuado desde su primer período para tomar el control de la Justicia. Lo ha logrado a tal punto que, para poder reelegirse, manipuló una resolución de la Sala Constitucional para que le permitiera participar en la elección para un segundo mandato, que obtuvo con una mayoría impresionante.
Por ahora, los salvadoreños están satisfechos por la lucha contra las pandillas y el control de la seguridad ciudadana, pero con el tiempo, irán aflorando esos defectos que se ven en todos los gobernantes autoritarios con total poder. Siempre sucede. Lord Acton era un visionario.
He citado estos tres ejemplos en los que el poder político controla la Justica, aunque Guatemala es un caso paradigmático en el que es la Justicia la que intenta tomar el poder político, pero no para sí, sino para devolverlo a las fuerzas que, en su momento, le concedieron el papel de ser sus fieles guardianes.
Los casos en que estas tendencias son más dramáticos son aquellos países en los que hay dictaduras y no democracias. En Venezuela, Cuba y Nicaragua, la Justicia no hace más que obedecer la voz de su amo.
Sin Justicia independiente se puede criminalizar a los opositores –ya hay amenazas de ello en Estados Unidos y El Salvador, y sucede en el complicado esquema de Guatemala–; la impunidad se muestra campante; el ciudadano pierde libertades; y se debilita el sistema democrático.
Ese sueño de concentrar poder está en la cabeza de muchos gobernantes. La diferencia la marcan sus principios democráticos: ¿son auténticos o ficticios?
Fuente: Listín Diario
