EN ESPECIAL
El sistema de partidos afronta riesgos que los líderes políticos relativizan con frases gastadas y promesas electorales ampulosas y extemporáneas, mientras crece el descreimiento de los votantes.
La abstención electoral pasó de 27.16% en 2020 a 46% en 2024 por apatía, frustración ante promesas incumplidas, falta de confianza en las elecciones y en los candidatos, ausencia de propuestas motivadoras, entre otras decepciones. Crece, por el contrario, la simpatía con regímenes populistas y extremistas.
Los partidos políticos, laboriosos en la búsqueda de votos durante los cuatro años que delimitan las votaciones nacionales, dedican mínimos esfuerzos y recursos a la fortaleza institucional individual y a la protección del sistema con iniciativas creativas que atraigan a nuevos miembros y retengan a desesperanzados y cansados militantes.
La aparición de eventualidades como la de abrir paso a las candidaturas independientes, según decisión del Tribunal Constitucional, ha provocado que los partidos reaccionen violentamente y con espíritu de cuerpo, en rechazo a nuevos socios en el negocio político.
Ignoran que el riesgo no es externo. El virus está en la partidocracia que se apega a modelos del siglo pasado y rehúsa, por ejemplo, renunciar a un privilegio tan obsceno como el otorgamiento de DOS exoneraciones de vehículos para los legisladores en un cuatrienio.
Para colmo, esa cosa que llaman Parlacem, que sirve para nada, desangra el presupuesto nacional con cerca de 200 millones de pesos anuales. Incluye una exoneración de vehículo para cada uno de los 20, como alegre reparto de botín. 17 se animaron a importar (o venderlas a dealers) vehículos de alta gama.
Los partidos políticos han rechazado en las numerosas reformas electorales de los últimos decenios diseñar eficientes instrumentos legales que limiten el clientelismo, compra de votos, donaciones en campaña, en fin, las irregularidades que permean las elecciones y que profundizan el ausentismo ciudadano en cada proceso.
Los políticos, que cambian de “visión”, según estén arriba o abajo, sobre una eficiente regulación electoral han votado reformas a partir de intereses electorales, en ocasiones en función de disputas internas, como en 2017.
Un reciente estudio de Participación Ciudadana sobre las leyes de régimen electoral y de partidos y organizaciones políticas documenta deficiencias regulatorias y hace numerosas propuestas de cambios, a partir de experiencias y comparaciones con nacionales latinoamericanas.
En ilegalidades, trampas, en sentido general el país ha mejorado, pero “todavía se encuentra a distancias significativas de democracias regionales que limitan con éxito las irregularidades a errores no intencionados y aislados”.
En la famosa compra de votos, que marca muchos procesos electorales dominicanos, ocupamos el segundo peor lugar, mientras las donaciones en campaña figuran con opacidad, sin régimen de consecuencias.
La confianza en los partidos es de solo 20%, con un nivel de lo que el informe define como negatividad extrema de 43,9%. Se le nota “débilmente institucionalizados”, y se señala que aunque la valoración ha sido históricamente baja, se evidencia una paulatina erosión.
El índice de democracia electoral, visto como la forma de acceder al poder y rendir cuentas y la transparencia en la actuación electoral figuramos en un “desarrollo intermedio”.
PC, al margen de los amores y desencuentros con la entidad, hace numerosas recomendaciones que los partidos políticos y sus congresistas deberían ponderar.
El momento es crítico para el sistema de partidos, y aunque la Constitución garantice que solo a través de ellos se llega a las diferentes boletas, los ejemplos en el área sobre triunfantes advenedizos han trastornado realidades políticas que se entendían de bases inamovibles.
Los tiempos han cambiado. No basta con los recursos desde el poder o la guerra abierta desde la oposición para ganar el voto ciudadano.
Fuente: Listín Diario
