Se puede decir que la democracia llegó a América con la independencia de Estados Unidos y la elaboración de su Constitución a finales del siglo XVIII. Pilar para todas las libertades ha sido la primera enmienda constitucional, garantía en ese país, de la libertad de expresión… hasta hace ocho meses.
Fidel Castro terminó con la prensa independiente en Cuba y, desde hace más de seis décadas, el pueblo cubano no tiene medios para informarse de todo lo que le afecta. Augusto Pinochet aplicó una rigurosa censura a los periódicos en Chile y gobernó con mano férrea. Hugo Chávez cerró canales de televisión, concentró medios afines y los venezolanos empezaron a leer, escuchar y ver solo noticias favorables al chavismo.
Nicolás Maduro siguió el mismo camino. En la Nicaragua de Daniel Ortega y Rosario Murillo no se publica nada que no sea favorable al régimen, y los nicaragüenses no tienen derecho a informarse y tampoco gozan de libertades individuales y colectivas. Cerraron los periódicos y medios disonantes.
Podría agregar otros ejemplos parecidos, pero basta con estos para mostrar cómo actúan los dictadores o gobernantes antidemocráticos que, por cierto, tienen otra cosa en común: controlan la justicia y la utilizan a su favor, muchas veces, para callar cualquier voz que pretenda salir en defensa de los auténticos valores democráticos.
En materia de libertad de expresión y de prensa, Estados Unidos fue casi siempre una especie de oasis entre los países de América. Mientras se libraban bravas batallas en defensa de la prensa en Cuba, Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Guatemala, Bolivia, México, Argentina, El Salvador y Perú –entre otros–, la creciente y siempre poderosa prensa estadounidense se mostraba robusta e intocable ante el poder que brota de la Casa Blanca, el Capitolio e incluso la Corte Suprema.
Durante más de una década participé en misiones para defender la libertad de prensa en el continente y visité todos los países mencionados –menos Cuba, porque no se nos permitió ingresar–. Hubo casos muy graves e insolubles en medio de crisis intensas, porque el objetivo era impedir que el pueblo estuviera informado. Mientras, la prensa estadounidense apenas mostraba algunos casos aislados en los que la justicia exigía que se denunciara la fuente de información por alguna publicación, pero siempre se encontraba una solución al amparo de la primera enmienda, la misma que garantiza la libertad de expresión.
Era un orgullo para los periodistas de aquel país citar a Thomas Jefferson, considerado uno de los fundadores de la Nación, quien dijo que “si tuviera que decidir entre un gobierno sin periódicos o periódicos sin gobierno, no dudaría en preferir lo segundo”. Esa frase es digna de repetir en cursos universitarios de periodismo, pero también de ciencias políticas.
Hoy en día el cuadro es dramático. El presidente Donald Trump se ha distanciado absolutamente de la filosofía de Jefferson. El castigo, demandas judiciales e intimidación se han convertido en práctica cotidiana brotando del Despacho Oval, como si de aranceles se tratara. En poco quedaron los regaños presidenciales a periodistas de CNN u otros medios en las conferencias de prensa. Trump no se anda por las ramas y pronto inició una práctica intimidatoria de demandar a medios por 10 mil, 15 mil, 20 mil o 30 mil millones de dólares, montos inusitados que no esconden que lo que se busca en silenciar a la prensa y limitar las opiniones que llegan a los estadounidenses.
Bien dice una frase popular entre periodistas: “Quien tiene la información tiene el poder”. De ese se trata. Eso han buscado –el poder– los Castro, Chávez, Pinochet, Maduro, Ortega, Correa, Fujimori, el PRI en su tiempo en México, y tantos dictadores o aprendices a dictador a lo largo y ancho del continente y de la historia. Eso es lo que ahora mismo pretende Donald Trump, al tratar de callar, censurar o intimidar a CBS, ABC, The Wall Street y más recientemente el New York Times, víctimas de sus multimillonarias demandas.
Jefferson no se consideraba intocable –sin duda–, como para no ser criticado. Sabía que tenía que respetar aquellos principios que él mismo contribuyó a que se incluyeran en los mandatos constitucionales de Estados Unidos. El poder y la soberanía deben radicar en el pueblo y, para ello, deben contar con la información necesaria para defender sus derechos, la libertad y combatir la corrupción.
Cabe destacar que, en esta era de tantas facilidades para trasladar información, hay que sumar otros factores peligrosos, como son el manejo y manipulación de las redes sociales. Tampoco eso ha dejado al azar el magnate y presidente estadounidense. Ha doblegado a China y TikTok para que esa red social pase a manos americanas. ¿Algún grupo “amigo”?… Ya veremos.
En 1964 la Corte Suprema de los Estados Unidos decretó que “La discusión pública es un deber político y debe ser desinhibida, vigorosa y totalmente abierta” y “puede incluir ataques vehementes, cáusticos y en ocasiones poco placenteros y agudos contra el gobierno y los funcionarios”.
Eso era en aquella época ejemplar que mencioné antes. Ahora, la Corte Suprema, afín a Trump, puede fallar contra la prensa independiente, solo por decir la verdad.
Fuente: Listín Diario
