El periodismo dominicano enfrenta una doble amenaza en el entorno digital, con el intento de control legal de contenidos en redes sociales y plataformas digitales a través de iniciativas como el propuesto Instituto Nacional de Comunicación (Inacom), y el uso de estos mismos espacios en línea para extorsión y chantaje.
Así lo advirtió el periodista Miguel Franjul, vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información para la República Dominicana de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en un informe preparado para la Asamblea General del ente celebrada en Punta Cana.
El informe señala que el panorama legislativo se ha convertido en el epicentro de la inquietud nacional debido a dos iniciativas clave que buscan «modernizar» el marco legal, pero que, según diversos sectores, podrían convertirse en herramientas de control.
Al respecto, Franjul aseguró que la propuesta de crear el Instituto Nacional de Comunicación (Inacom), concebido como un ente regulador y supervisor de contenidos en redes sociales y sitios de noticias, ha generado fuertes críticas.
El informe precisa que, aunque el Poder Ejecutivo y sus aliados defienden que protege la dignidad y la privacidad sin censura previa, los críticos advierten que el Inacom, aun siendo diseñado como independiente, tiene el potencial de extralimitar sus funciones y ejercer censura gubernamental.
Otro caso es la iniciativa que penaliza toda expresión que incite a la hostilidad o la discriminación, advirtiendo que, si bien tiene una intención loable, “es considerada peligrosa debido a la ambigüedad en su redacción”.
“Esto podría ser utilizado de manera arbitraria para silenciar la crítica legítima y el periodismo de investigación dirigido a figuras públicas”, agrega.
Un punto crucial del informe de Franjul es la denuncia de un acto de censura extranjera que vulneró a Listín Diario, uno de los medios más antiguos del país.
En mayo, el periódico Listín Diario denunció haber recibido un ultimátum de 48 horas de la empresa estadounidense Network Solutions para eliminar una noticia sobre un caso de corrupción, bajo amenaza de suspender sus servicios digitales.
El medio rechazó la amenaza y canceló el contrato, denunciando el hecho como una violación flagrante a la libertad de expresión.
Este caso, indica Franjul, subraya la fragilidad de los medios ante presiones de entes privados internacionales y destaca la necesidad de mecanismos legales de protección.
Hermetismo y agresiones a periodistas
El informe también documentó que, a pesar de las declaraciones gubernamentales de respeto a la prensa, persisten los incidentes que limitan el trabajo de campo y restringen el acceso a la información:
También, se reportaron varios episodios de agresiones a periodistas por parte de escoltas de funcionarios, incluyendo personal de seguridad de la vicepresidenta Raquel Peña y de la ministra Faride Raful. La vicepresidenta luego se disculpó públicamente por el incidente con sus escoltas.
Los reporteros han denunciado un hermetismo creciente en el Palacio Nacional.
El acceso, antes sencillo con identificación de prensa, ahora requiere solicitudes con hasta una semana de anticipación, impidiendo entrevistar libremente a funcionarios.
En respuesta a estas limitaciones, grupos de periodistas organizaron marchas frente al Palacio Nacional y el Congreso, portando pancartas con consignas como “¡No a la censura! ¡Libertad de prensa!” y exigiendo acceso a registros públicos, el fin del acoso y el cese de las represalias.
Franjul concluyó su informe destacando la preocupación por el uso de medios de comunicación y plataformas digitales para la extorsión y el chantaje, un fenómeno que «enrarece el ambiente en torno al ejercicio del periodismo profesional».
Fuente: Listín Diario
