POR TEODORO DIAZ CUEVAS
Martin Lutero comenzó un movimiento llamado la Reforma Protestante. Él estaba en contra de una práctica de la Iglesia Católica llamada indulgencias. Las indulgencias eran una manera de obtener menos castigo por los pecados pagando dinero. Lutero no estaba de acuerdo con esa práctica y por ello publicó sus 95 tesis el 31 de octubre de 1517 en la puerta de la iglesia del Castillo de Wittenberg, Alemania.
De manera similar a lo ocurrido en Alemania durante la Reforma Protestante —cuando Lutero denunció que las indulgencias permitían “comprar” el perdón—, hoy en la República Dominicana muchos que depredan el erario pagan para evitar el apremio corporal. La historia se repite: dinero sustituye sanción, y la moral pública queda herida.
La corrupción es una manera para que algunas personas en el poder eviten el castigo o se salgan con la suya con malas conductas. Usan su dinero e influencia para hacer que parezca que no son culpables o merecen menos. Pueden controlar las cosas, evitar que la gente hable o pagar por abogados que hacen que los casos se demoren para siempre, de modo que puedan salirse con la suya haciendo cosas malas y no enfrentar consecuencias reales.
En la Republica Dominicana el que tiene mucho dinero, puede evitar ser responsable de sus acciones. La percepción colectiva de los dominicanos es que la justicia resulta más suave con quienes poseen dinero, poder o información negociable que con los hijos de “machepa”.
Esta sensación no surge de la nada; proviene de una práctica cada vez más común en los procesos penales de corrupción y criminalidad organizada: la sustitución de la condena por acuerdos económicos o colaboraciones mínimas con el Ministerio Público. Esta dinámica, ya instaurada, es bien conocida —y aprovechada— por los corruptos, quienes entienden que pueden negociar su salida del proceso sin enfrentar las consecuencias plenas de sus actos.
En muchos casos, funcionarios de distintos gobiernos pactan devolver solo una parte del dinero robado, mientras conservan el resto para luego llevar vidas bohemias y frecuentar clubes de alta alcurnia, como si la impunidad fuera un derecho adquirido.
El Ministerio Público ha estado tratando muchos casos graves en los últimos años, como sobornos, corrupción, extorsión y tráfico de drogas. Algunos de estos procesos han implicado acuerdos que permiten a los acusados recibir menos castigo si ofrecen información o devuelven parte del dinero o de los bienes obtenidos.
Aunque estos acuerdos sean oficiales, muchas personas se preocupan porque se repite el mismo patrón de siempre: los implicados admiten solo una parte de lo que hicieron, devuelven apenas una fracción de lo sustraído y, aun así, obtienen ventajas significativas en el proceso. En varios casos recientes, algunos acusados han quedado en libertad o han recibido sanciones mínimas, a pesar de que el dinero involucrado fue mucho mayor que lo recuperado.
Al mismo tiempo, la práctica sigue creciendo: cada nuevo expediente involucra a más colaboradores, más negociaciones económicas y menos castigos efectivos. Esto hace que muchos piensen que la justicia es demasiado indulgente y que los criminales siempre encuentran la manera de salirse con la suya.
Los dominicanos estamos esperando que, en el caso SENASA, el principal implicado no “se vaya por el lado de la indulgencia” solo por ser un “amigo palaciego”. Se espera que él y sus cómplices enfrenten la justicia y que, de ser hallados culpables, sean condenados conforme a la ley y obligados a devolver al fisco lo sustraído. La esperanza ciudadana es que la justicia actúe con independencia y rigor —sin privilegios ni atajos—, demostrando que nadie está por encima de la ley.
Fuente: Al Momento
