Lo que el Servicio Nacional de Salud (SNS) describe lacónicamente como un “incidente” –el colapso de la base del segundo piso del remodelado Hospital Simón Stridels en Azua– es, en realidad, una nota de alarma sobre la calidad de las obras públicas en el país.

Minimizar el desplome estructural de un hospital en construcción como un simple «incidente» en un comunicado de cinco párrafos –donde cuatro se dedican a describir las futuras instalaciones– no solo es insuficiente, sino inquietantemente evasivo.

El SNS informa que el colapso ocurrió durante el «vaciado de la losa» y que, afortunadamente, no hubo daños personales.

Técnicos están evaluando las causas, se nos dice. Pero aquí es donde el comunicado oficial se queda mudo y donde deben comenzar las preguntas incómodas y necesarias.

¿Por qué colapsa una losa recién vaciada en una obra nueva? ¿Fue un error de cálculo en el diseño, una falla en los materiales, una negligencia en el procedimiento de vaciado o una combinación de todos estos factores?

La palabra «incidente» sugiere un hecho fortuito, pero en ingeniería, estos colapsos son casi siempre el resultado de fallas previsibles y evitables.

En ese sentido , hasta donde fue fiable la labor de supervisión de la obra?

Esto es pertinente ya que parece existir un cáncer endémico que facilita un sistema de doble o triple supervisión (firma privada, supervisora externa y supervisor gubernamental) que, lejos de garantizar calidad, se convierte en una coartada para la negligencia pagada.

? Funcionó este sistema en Azua? Si tres niveles de control no pudieron prevenir el derrumbe de un elemento básico como una losa, ¿qué garantiza que el resto del hospital esté bien construido?

¿Qué empresa está a cargo de esta obra crítica para la salud infantil de la región Sur? ¿Qué historial tiene? ¿Quién es la empresa supervisora?

El patrón de derrumbes en obras públicas y privadas es demasiado recurrente como para fingir sorpresa. Cada «incidente» posterior, como este, es una prueba de que las lecciones no se aprenden.

La investigación prometida por el SNS no puede limitarse a los «cálculos técnicos» de este colapso.

Debe ser forense y amplia, rastreando la cadena de decisiones, compras, aprobaciones y supervisiones que llevaron a este punto. Y debe hacer públicos sus hallazgos.

Formular estas preguntas y exigir respuestas no es prejuzgar. Es ejercer un derecho fundamental a la transparencia.