Ahora que el Gobierno estrena un acuerdo con Estados Unidos para recibir hasta 30 deportados mensuales “en una operación de tránsito temporal, controlado y coordinado”, resulta oportuno referir que un juez federal acaba de ordenar a la Administración del presidente Donald Trump devolver a Estados Unidos a una colombiana deportada a la República Democrática del Congo.
Se trata de Adriana María Quiroz Zapata, de 55 años, enviada a una nación en el centro de África, a 7,500 kilómetros de Colombia, cuyas autoridades se habían negado a aceptarla por motivos médicos, porque sufre de diabetes, hiperlipidemia e hipotiroidismo.
La mujer fue deportada junto a otros 14 hispanos porque no fue posible enviarla a su país de donde salió huyendo de su pareja, un hombre vinculado a la policía colombiana que la violó y la golpeó, pero aun así fue expulsada al país africano cuyo gobierno tiene un acuerdo similar al rubricado por República Dominicana.
Te puede interesar: Vence pero no convence
La Cancillería ha dicho que no ingresaría al territorio dominicano ningún deportado desde Estados Unidos sin previo consentimiento de sus autoridades, pero ya se conoce el caso de la migrante colombiana que permanece en El Congo, a pesar de que el gobierno de ese país objetó su ingreso por razones de salud.
El juez Richard J. León, del Distrito de Columbia, dijo en su orden de retorno a Estados Unidos de Quiroz Zapata, que enviarla al Congo fue probablemente ilegal, porque la deportada cumple los requisitos para ser considerada víctima de un daño irreparable y porque fue enviada a un país que se negó a aceptarla.
La noticia sobre el drama de esa indocumentada colombiana revelada por el diario The New York Times, viene como anillo al dedo para prevenir al gobierno dominicano de que no todo lo relacionado con ese acuerdo puede ser tintado color de rosa.
Human Rights Watch documentó que Estados Unidos expulsó a Panamá a 299 indocumentados que incluía a nacionales de Afganistán, China, India, Turquía, Uzbekistán y Vietnam, con la condición de que su estadía seria temporal, pero el proceso de repatriación se complicó y el gobierno tuvo que conceder permiso de estadía a muchos de esos migrantes.
El caso de la colombiana Adriana María, deportada al Congo, pese a que sus autoridades objetaron recibirla por su delicado estado de salud, debe servir de ejemplo al gobierno dominicano para que al menos haga cumplir los términos del acuerdo que autoriza a Estados Unidos a deportar hacia Republica Dominicana migrantes de terceros países. Leer las letras pequeñas.
Fuente: El Nacional
