Educación
Hemos visto varias publicaciones donde la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) celebra lo bien que le fue en la Evaluación del Desempeño. Hasta ahí, todo parece normal. Pero como uno conoce cómo funciona el Estado -y más el Ministerio de Educación- y se detiene a revisar lo que realmente implica este proceso, surge una preocupación que casi nadie expresa abiertamente.
Hay que recordar que las reglas de esta evaluación y los incentivos salariales asociados no fueron diseñadas por la gestión actual, sino por el entonces ministro Ángel Hernández. Y aquí surge la pregunta que casi nadie quiere formular: si este gobierno ha corregido o revertido otras decisiones cuando ha cometido errores, ¿por qué mantuvo intacto un esquema tan costoso y tan poco debatido públicamente?
La impresión que deja todo el proceso es que se siguió adelante sin evaluar a fondo sus consecuencias, y que casi no hay voces cuestionando el impacto que tendrá sobre el presupuesto público. Mientras la ADP celebra sus resultados, muy pocas personas están hablando del costo real que estas decisiones representan para el país y para el sistema educativo que financiamos entre todos.
Desde hace años se viene debilitando el proceso de ingreso a la carrera docente. Mucho antes de la gestión actual, el Ministerio de Educación (MINERD) empezó a rebajar la exigencia y el nivel de las pruebas para entrar a la nómina. En la práctica, esto fue abriendo cada vez más la puerta de entrada, hasta el punto de que hoy resulta evidente que la calidad del cuerpo docente se ve comprometida desde el primer paso.
Otro punto esencial es -y esto casi nunca se dice con claridad- que un docente que entra a la nómina del MINERD es una responsabilidad fiscal o presupuestaria de por vida. Mientras trabaja, el Estado paga su salario; cuando se retira, pasa al Instituto Nacional de Bienestar (INABIMA), que cubre su pensión. En otras palabras, cada maestro/a que se contrata es un compromiso financiero que el país sostiene durante décadas. Este imperativo debería forzar a una mejor toma de decisión entorno a las implicaciones financieras dentro del presupuesto educativo. A modo popular: deberíamos de ser ñoños con esa nómina.
No menos importante, es que la ADP recibe un porcentaje del salario de cada docente para financiar sus operaciones. Por eso, no sorprende que el sindicato rara vez cuestione la contratación de maestros con notas bajas o perfiles que no responden a las necesidades reales del sistema. Más docentes significa más cuotas, más ingresos y más poder de negociación.
En conjunto, estos elementos explican por qué el debate sobre la calidad docente y la sostenibilidad del sistema casi nunca ocupa el centro de la conversación pública. Mientras tanto, las decisiones que se toman hoy seguirán impactando el presupuesto y la calidad educativa del país durante generaciones.
Pocas personas saben que la Evaluación del Desempeño Docente (EDD) incluyó la evaluación entre pares, es decir, docentes evaluando a otros docentes dentro del mismo centro educativo. Este mecanismo no fue improvisado: está contemplado en el Reglamento para la Evaluación del Desempeño Docente, aprobado mediante la Resolución 09-2023 del MINERD, donde se establece que la evaluación cualitativa incorpora instrumentos como la auto evaluación, la evaluación del director y, de manera explícita, la evaluación entre pares. El Manual Técnico de la EDD, también publicado por el MINERD, detalla que este componente tiene peso en el puntaje final y se utiliza para valorar competencias profesionales, relaciones laborales y desempeño colaborativo. En otras palabras, la normativa oficial reconoce y formaliza que los docentes se evalúan entre sí.
A la luz de este diseño, no sorprende que la ADP haya comunicado que la mayoría de los docentes obtuvo más de 80 puntos. Cuando la evaluación depende en parte de colegas que trabajan juntos diariamente -y que además comparten intereses gremiales- es razonable pensar que este método puede favorecer calificaciones altas y una percepción generalizada de que “el personal docente está muy bien calificado”.
Incentivos
Según Eduardo Hidalgo, presidente de la ADP, el Gobierno ha anunciado una partida de RD$9,000 millones para cubrir los incentivos salariales destinados a los docentes que obtengan entre 70 y 100 puntos en la Evaluación del Desempeño Docente (EDD). La escala es progresiva y establece aumentos diferenciados según el nivel de logro: 91 puntos o más: incremento del 32%, 83-90 puntos: incremento del 28%, 76-82 puntos: incremento del 24% y 70-75 puntos: incremento del 17%.
A esto se suma un aspecto determinante: el incentivo será retroactivo por un año completo. Hidalgo también señaló que el pago del retroactivo y del ajuste acumulado se realizaría en un único desembolso en julio de 2026. En otras palabras, no solo se aplicará el aumento salarial, sino que se reconocerán los doce meses previos desde la fecha de corte, lo que incrementará el costo inmediato de la medida.
Frente a este anuncio aparece una pregunta básica, pero muy importante: ¿alguien ha calculado cuánto va a costar realmente todo esto para el presupuesto público? No solo el retroactivo, sino el aumento fijo que quedará cada mes en la nómina del Ministerio de Educación. Este incentivo no es un bono ni un pago único. Es un aumento permanente, que se suma de manera definitiva al gasto mensual del sistema educativo. Es algo que se porque lo viví en mi paso por el Ministerio de Educación.
Una vez que estos incrementos entren en vigencia, el Estado tendrá que pagar todos los meses salarios que subirán para decenas de miles de docentes. Ese gasto no se detiene, no se reduce, no desaparece. Se vuelve parte fija del presupuesto y deja menos espacio para invertir en calidad, innovación, infraestructura, formación y mejoras reales del sistema educativo.
Es un compromiso grande, duradero y que presiona aún más un presupuesto que ya está muy cargado. El presupuesto que pagamos todos y todas tendrá que absorber no solo el retroactivo, sino un aumento permanente que, sin una reforma de eficiencia del gasto, puede comprometer la sostenibilidad del sistema educativo.
¿El costo exacto? Nadie lo ha explicado con rigor. Yo como ciudadana tampoco lo sé. Pero lo que sí es evidente es que el impacto financiero será profundo, duradero y estructural.
A todo esto, los grandes ausentes -y, para muchos, los más sorprendentes- han sido Educación Digna y Participación Ciudadana, dos actores que históricamente impulsaron la lucha por un financiamiento adecuado y por la transparencia en el sistema educativo. Se conquistó el 4% del PIB para educación, una victoria social sin precedentes; sin embargo, como muestran diversos análisis académicos y técnicos, ese aumento de recursos nunca se acompañó de una reforma estructural del gasto que garantizara eficiencia, calidad y sostenibilidad.
Con el paso del tiempo, el 4% ha dejado de ser un proyecto articulado y se convirtió en un presupuesto monstruoso, fragmentado conceptualmente, y sin una brújula estratégica que guie la “transformación educativa prometida”.
La planificación rigurosa que en su momento permitió avanzar “paso a paso” hacia una reforma integral fue abandonada, y en su lugar emergieron prácticas improvisadas, decisiones cortoplacistas y una gestión del gasto cada vez más limitada, y dominada por compromisos permanentes que limitan la inversión en áreas críticas como formación docente, innovación pedagógica, evaluación y gobernanza.
En este vacío de conducción, el populismo y la avaricia desmedida -como señalan algunos especialistas internos y externos del sector educativo y organizaciones de la sociedad civil- terminaron ocupando el espacio que debía corresponder a la política pública seria y basada en evidencia. El resultado ha sido una administración del futuro educativo del país marcada por la irresponsabilidad: más recursos sin una estrategia clara, más gasto sin una mejora proporcional en los aprendizajes, más promesas sin los mecanismos institucionales para cumplirlas.
Si se quiere recuperar el sentido original del 4%, es indispensable reconstruir la visión, la disciplina técnica y la vigilancia ciudadana que alguna vez lo hicieron posible. Sin ello, el país corre el riesgo de seguir destinando grandes sumas a un sistema que no logra convertir esos recursos en valor social, equidad y calidad educativa.
Fuente: Hoy
