Cada mañana, en cualquier intersección del país, se repite la misma escena: un agente, con o sin silbato, intenta organizar un tránsito que lo desborda por completo. No es anécdota, es el retrato de una institución que perdió la batalla contra el caos vial que debía prevenir, organizar y controlar.
La Ley 63-17 concibió a Digesett como el brazo técnico encargado de la fluidez y seguridad viales. Casi una década después, el balance es decepcionante: apenas algo más o menos de 2,900 agentes deben controlar un parque de más de 2.7 millones de vehículos de cuatro ruedas y 3.9 millones de motocicletas, cifras que un funcionario de la propia institución calificó de situación «compleja». Un senador hizo suyo el clamor popular y propuso eliminar Digesett e Intrant en lugar de reformarlos.
El problema es estructural. Primero, una doble subordinación —a la Policía Nacional y a los lineamientos del Intrant— que diluye la rendición de cuentas. Segundo, una brecha de personal matemáticamente imposible de cerrar con operativos tradicionales. Tercero, ausencia de tecnología que sustituya la presencia física: mientras la región migra hacia videovigilancia inteligente y multas automatizadas, aquí se sigue dependiendo casi exclusivamente del agente en la calle. Cuarto, estadísticas abiertas y penosas que existen, pero que no se traducen en metas públicas ni evaluaciones periódicas. Cinco, gestiones central y regional, que aportan pocas soluciones. Seis, algunos métodos y comportamientos en la calle que dejan mucho que desear, frente a la muy nociva costumbre de los conductores de creerse y situarse por encima de la ley.
*Cinco medidas impostergables:*
1. *Delimitar competencias con precisión* entre Digesett e Intrant, eliminando la duplicidad funcional que permite a cada institución señalar a la otra cuando algo falla.
2. *Tecnificar la fiscalización*: cámaras de reconocimiento de placas y semáforos inteligentes en los corredores de mayor siniestralidad, con energía solar suplementaria, para asegurar permanente funcionalidad y multiplicar cobertura sin depender solo de más agentes.
3. *Digitalizar el cobro de infracciones*, vinculándolo a la renovación de licencia y matrícula, con un sistema de puntos que penalice la reincidencia y posibilite la anulación de licencias de conducción.
4. *Profesionalizar el reclutamiento*, con capacitación constante, cámaras corporales, rotación de zonas y una unidad de asuntos internos con capacidad sancionadora real frente a excesos y desmanes.
5. *Publicar indicadores trimestrales de desempeño* por demarcación —siniestralidad, tiempos de respuesta, cobro de multas, etc. — y someter la institución a auditoría externa cada dos años.
Digesett no necesita más discursos, promesas ni ruedas de prensa; necesita, mayor presupuesto, reingeniería institucional medible y sostenida, y, naturalmente, una mejor gerencia a todos los niveles. La pregunta no es si el modelo actual funciona —la evidencia dice que no—, sino, si existe la voluntad política de reconstruirlo antes de que el costo humano del caos vial llegue al límite y termine justificando su desmantelamiento.
Fuente: Diario Libre
