Cada vez que se interrumpe la docencia en una escuela pública dominicana hay alguien que paga las consecuencias. No es el ministro de Educación, ni los dirigentes gremiales, ni los funcionarios, ni quienes protagonizan las disputas que periódicamente sacuden al sistema. Quienes pagan son los estudiantes. Y entre ellos, especialmente, los más pobres.

Por eso resulta pertinente el llamado del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, al iniciar el año escolar 2026-2027: las diferencias entre los adultos no deben trasladarse a las aulas y los estudiantes tienen derecho a recibir todas las horas de docencia establecidas.

Ese principio debería convertirse en un compromiso nacional. Los maestros tienen derecho a reclamar mejores salarios, condiciones laborales dignas, incentivos, seguridad social y el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con las autoridades. Nadie debería cuestionarlo. Como tampoco puede el Estado desentenderse de sus obligaciones frente a quienes sostienen diariamente la educación pública.

Pero una cosa no debería significar la otra. Defender los derechos de los maestros no puede implicar sacrificar el derecho a aprender de los estudiantes, porque, cuando se suspende una clase en un colegio privado, muchas familias disponen de herramientas para compensarla: tutorías, plataformas digitales, profesores particulares, acompañamiento académico o recursos tecnológicos.

Para miles de estudiantes del sistema público, en cambio, la escuela es todo lo que tienen. Es el aula, el maestro, el libro, el desayuno y el almuerzo escolar. Es el espacio donde pueden aprender matemáticas, ciencias, literatura e historia, pero, también donde encuentran una posibilidad real de romper el círculo de pobreza en el que nacieron.

Esos son los verdaderos hijos del pueblo. Los niños de barrios populares y comunidades rurales. Los hijos de madres solteras, obreros, agricultores, chiriperos, trabajadores informales y familias que hacen enormes sacrificios para comprar un uniforme, una mochila o unos zapatos antes de comenzar cada año escolar.

¿A quién perjudicamos cuando cerramos una escuela para resolver una diferencia entre adultos? A ellos.

El país ha invertido durante años miles de millones de pesos en educación. Hemos discutido sobre el 4 %, construido planteles, ampliado programas de alimentación, transporte escolar, capacitación docente, tecnología y transformación curricular. Pero ninguna política educativa producirá resultados suficientes si no somos capaces de garantizar algo tan elemental como que los niños estén en las aulas y reciban las horas de enseñanza que les corresponden.

La educación pública necesita continuidad. Eso exige responsabilidad del Gobierno, que debe escuchar, negociar y cumplir. Exige responsabilidad del gremio magisterial, que debe encontrar mecanismos de lucha que no conviertan al estudiante en rehén de sus reivindicaciones. Y exige responsabilidad de toda la sociedad.

Hay muchas mesas donde los adultos pueden discutir sus diferencias. El aula no debería ser una de ellas. Si realmente queremos defender al pueblo, comencemos por proteger a sus hijos. Que ninguna disputa política, administrativa o gremial vuelva a quitarles aquello que difícilmente podrán recuperar: un día de escuela, una hora de aprendizaje, una oportunidad para construir un futuro distinto.

Fuente: Diario Libre