La organización del voto dominicano en el exterior cuesta dinero, exige logística y moviliza personal para atender a una población dispersa. Cuando la participación resulta baja, surge una pregunta: ¿vale la pena mantener semejante inversión?
La respuesta no puede reducirse a una contabilidad de votos emitidos. Los dominicanos ausentes conservan ciudadanía, vínculos familiares y una contribución económica decisiva mediante las remesas. Garantizarles el sufragio reconoce que emigrar no equivale a renunciar al país. Pero ese principio tampoco exonera a la Junta Central Electoral ni a los partidos de examinar con rigor los resultados.
La distancia geográfica explica una parte del problema, aunque quizá pese más la distancia política. Muchos electores viven lejos de los recintos, enfrentan jornadas laborales rígidas o consideran que las decisiones públicas dominicanas afectan menos su vida cotidiana. A ello se añade una oferta partidaria que suele visitar las comunidades en campaña y olvidarlas después.
Suprimir o debilitar el voto exterior sería castigar al ciudadano por fallas institucionales. Lo sensato es medir costos por demarcación, acercar los centros, mejorar la información y ensayar modalidades seguras que faciliten votar. Si la abstención persiste, habrá que revisar el modelo, no el derecho. La inversión vale la pena únicamente si procura participación efectiva y no se limita a sostener una costosa ficción democrática.
