Por: Roque J. de León B. (MAE).
No dista mucho tiempo en que hasta los más astutos pensaban que tenían identificados los tipos de delincuentes que existían: los del lavado de la Corrupción Público-privada, los del crimen organizado que mucho se parecen a los primeros y los rateros de mala monta.
Pero resulta que con los acontecimientos de asaltos en establecimientos de diversión y a bancos comerciales, sale a flote la delincuencia que todos veíamos y que nos hacíamos los locos o indiferentes; la planificada por jóvenes de «clase media» que penosamente hasta que se pasaron de contentos ninguna autoridad les prestaba atención ni les tocaba.
Desafortunadamente debieron morir personas inocentes y otras sufrir traumas emocionales y psicológicos para que se intentara poner un alto a parte de los que sin trabajar, pretenden vivir como príncipes.
No hay que ser un genio de la investigación para darse cuenta que en nuestro país hay un alto porcentaje de la población haciendo gala y ostentación de bienes que no tienen cómo justificar, Puerto Plata no es la excepción pero a nadie le llama la atención.
De igual manera, hay personas que no son de nuestra provincia desarrollando actividades informales, como: Motoconcho viviendo en pensiones y/o en edificios en nuestras urbanizaciones que en nada se diferencian de ellas y, nadie se da por enterado.
Dentro de ese ambiente tengo muchas interrogantes, sobre todo ahora que hablamos de reformas, una de esas interrogante es simple; si decimos que el lavado se compone de los bienes resultantes de: el robo de los bienes del Estado, la evasión de impuestos, asaltos de todo tipo, venta de drogas, trata de personas, entre otros, ¿Cómo llamarle a la inmensa cantidad de dinero que cobran los abogados a los imputados por ese tipo de actividades, condenados o no?
A eso hay que sumarle los buenos samaritanos que en las comunidades salen en defensa de los que delinquen, a unos porque comparten «sus bienes» y a otros porque son miembros de «familias honorables» y, no es posible.
Así como la Ley consigna que todos somos inocentes hasta que se demuestra lo contrario y que todo imputado tiene derecho a la asignación de un abogado para su defensa también prevé, que todos sin excepción son iguales.
En República Dominicana hemos visto que irónicamente para unos una medida de coerción dura minutos, porque sólo deben confirmarse los arraigos, pero para los imputados de Corrupción Administrativa hay que soportar que los abogados entren hasta ventilar el fondo del expediente, cuando eso no es lo que establece la Legislación Dominicana al respecto.
En República Dominicana aún estamos a tiempo para detener los diferentes niveles de delincuencias que nos arropan, pero para lograrlo la sociedad debe comprometerse a enfrentarlas para arrastrar a las autoridades a continuar los procesos iniciados, «sin prisa pero sin pausa».
ROQUE J. DE LEON B. (MAE)
DIPLOMADO EN TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL INTEGRAL.
MIEMBRO DEL SNTP Y DEL SINLOPP.
