SANTO DOMINGO.- El incumplimiento de la Ley de Declaración Jurada de Patrimonio Público es una burla que obliga a las autoridades a actuar con dureza y aplicar las  consecuencias correspondientes.

El movimiento Participación Ciudadana y la población son testigos de la apatía y desidia de la mayoría de los funcionarios públicos que no declararan su patrimonio en el plazo fijado por la Ley No. 311-14.

Esa norma es instituida por el sistema nacional autorizado y uniforme sobre la declaración jurada de los bienes de dirigentes y servidores públicos.

PLAZO VENCIDO

Participación Ciudadana afirmó que es inaceptable que tampoco olos legisladores cumplen con la ley y su plazo de 30 días, cuando deberían dar el ejemplo al ser ellos sus promotores y votantes.

Recordó que eso es muy grave pues ellos conocían, desde su elección el pasado 16 de mayo, que debían presentar la Declaración, contando con 120 días para hacerlo.

Algunos legisladores pidieron extensión del plazo, lo que revela su desconocimiento de la ley, ya que no puede ser ampliado por la Cámara de Cuentas, pues implicaría una violación.

El reglamento permite una dilatación de 10 días adicionales, pero solo para aquellos casos en que la declaración aparece incompleta.

DECLARACIÓN TARDÍA

La ley dispone que si los documentos se presentan pasado el tiempo reglamentado, debe ser clasificada como «declaración tardía» y enviada al Ministerio Público para investiguar la causa de la demora.

PC exhortó a la Cámara de Cuentas y al director de la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos que publique los nombres de los infractores en cualquier requisito.

Reiteró la aplicación del régimen de consecuencias vigente, que debería modificarse para disponer la inhabilitación de ejercicio de función pública a quienes no cumplan con la legislación.

Fuente: Al Momento