Estas líneas surgen de una pregunta que me hizo Manuel Quiterio Cedeño, decano del periodismo turístico en el país, durante la rueda de prensa de ASONAHORES en su 36va Exposición Comercial en Punta Cana. Me consultó sobre los efectos que tuvo la exclusión de Puerto Plata de los incentivos fiscales de la Ley 158-01 de 2001, hasta su modificación en diciembre de 2013.
Respondí que los resultados son evidentes: Puerto Plata, que en su momento fue la meca del turismo en la República Dominicana, sufrió un declive significativo. Entre 1985 y 2000, se inauguraron más de 20 hoteles en la provincia, atrayendo turistas de mercados emisores como Alemania, Canadá, Inglaterra, España y Austria. El turismo no solo impactó a Puerto Plata, sino que impulsó el desarrollo en todo el litoral norte del país.
El aeropuerto de Puerto Plata, construido para manejar el flujo de turistas internacionales, recibió 312,033 visitantes en 1990, cifra que creció hasta alcanzar 758,967 en el año 2000, lo que representaba el 32% del total de turistas del país. Sin embargo, a partir de 2001, las llegadas comenzaron a disminuir año tras año. Para 2010, el aeropuerto recibió 490,791 turistas (12% del total), y en 2023, tras superar la pandemia, la cifra cayó a 327,057 (3%).
Aunque la ausencia de los beneficios fiscales no fue la única causa de la crisis, sí la agravó. La paralización de la construcción de nuevas habitaciones tras la restauración de los incentivos en 2013 demuestra que el daño ya estaba hecho. Puerto Plata se ha convertido mayormente en un destino residencial turístico, con una oferta hotelera muy reducida para el turismo internacional.
Aquí es donde entra en juego el proyecto de Punta Bergantín, promovido por la administración del presidente Luis Abinader. Este proyecto, con una alianza público-privada que incluye a inversores como el Grupo Punta Cana y Meliá Hoteles, tiene el potencial de revivir a Puerto Plata como un destino internacional. Sin embargo, la propuesta para modificar la Ley 158-01 pone en riesgo este esfuerzo, ya que sin los incentivos fiscales, es improbable atraer a operadores internacionales y aerolíneas que llenen las nuevas habitaciones.
Derogar esta ley socavaría el esfuerzo de devolver a Puerto Plata su antiguo esplendor. Actualmente, la provincia carece de una oferta hotelera de primer nivel suficiente para reactivar su polo turístico, y sin incentivos, la inversión necesaria no llegará. Un hotel de 400 habitaciones, con un costo de construcción de más de US$80 millones, es una apuesta de alto riesgo sin las condiciones fiscales adecuadas.
Es difícil comprender la intención de derogar por completo la Ley 158-01, ya que destruiría los avances logrados por el gobierno y los éxitos recientes del turismo, fruto del trabajo del presidente Abinader y del Ministerio de Turismo. ¿Queremos repetir la historia de Puerto Plata, congelando el turismo a nivel nacional? Reflexión y diálogo serán siempre imprescindibles.
