El mundo tecnológico pone en contexto los niveles de avance y desarrollo de la sociedad. Con razón, la etiqueta de cuarta revolución industrial exhibe un eslabón de singular importancia, impensable para los que concentraron los esquemas del desarrollo a las tradicionales consideraciones que, por más de cuatro siglos, determinaron la evolución de las naciones.
Ahora bien, las implicaciones no bien calculadas en el mundo de lo digital abrieron las compuertas al uso incorrecto de una herramienta creada para innovar y transformar. Por eso, los altos riesgos de la tecnología obligan a prevenir y fiscalizar un recurso que, en manos expertas, puede ser fácilmente utilizado para violar la ley.
En el país, las autoridades encargadas de promover el uso inteligente y útil del fenómeno digital enfrentan los desafíos de reducir la brecha digital e impulsar acciones institucionales que derroten el universal esquema de ciberdelitos. En el terreno de los hechos, alrededor del mundo digital, la capacidad de sanción se torna lenta ante la creatividad delictiva, provocando un dañino retardo de impostergable solución. Y en ese sentido, el costo financiero de entidades del sector privado y público resultan incalculables.
En la franja privada, la montaña de fraudes, desde llamadas hasta el robo de identidad toca lo público, pero en el caso específico de la República Dominicana, el sistema carcelario representa una lamentable fuente para ejecutar barbaridades de toda índole, afectando sensiblemente a segmentos importantes de la población. El hecho de que el 36% de los robos afecte a celulares y el 90% de las llamadas fraudulentas se realicen desde cárceles revela la magnitud de un fenómeno que exige inteligencia para ser enfrentado.
Innegablemente, esas perturbaciones encontraron en la complicidad del sistema carcelario la fuente de expansión de los delitos. Por eso, con el establecimiento de bloqueadores de señal estamos colocando el primer componente de importancia digital para impedir la enorme capacidad delictiva de algunos privados de libertad.
En la senda opuesta, en silencio y terriblemente avergonzados por su condición de timados, aumenta la cantidad de ciudadanos que ingresan a las estadísticas de los ciberdelitos. De ahí, lo urgente de avanzar procurando soluciones institucionales e invirtiendo recursos preventivos que puedan organizar un esquema que persiga e impida los tentáculos de un fenómeno tan dañino y distorsionador.
Más allá de las respuestas técnicas, como sociedad debemos convencernos de la necesidad de priorizar la educación en habilidades digitales. Solo así estaremos formando ciudadanos capaces de prevenir riesgos y aprovechar plenamente el potencial transformador de la tecnología.
