Vivimos en una época donde cualquiera con acceso a internet puede erigirse como comunicador, analista o «influencer», sin más límite que la cantidad de vistas que sus provocaciones puedan generar.
En la República Dominicana, esta nueva realidad ha sido aprovechada por algunos que, desde plataformas como YouTube y otras redes sociales, se dedican diariamente a lanzar acusaciones infundadas, tergiversar hechos y alimentar una narrativa de odio contra el gobierno del presidente Luis Abinader.
Lo que en apariencia es libertad de expresión, en muchos casos no es más que una estrategia de desinformación calculada. Se difunden mentiras como verdades absolutas, se repiten teorías sin sustento, se atacan personas sin pruebas y se manipulan datos con un fin muy claro: crear inestabilidad, debilitar la confianza pública y sembrar el caos.
Y detrás de todo esto, no solo hay intereses políticos, sino también económicos. Cuanto más escándalo, más vistas. Cuanto más odio, más dinero.
Se ha creado un modelo de negocio basado en la difamación, en el descrédito constante, en la erosión de la institucionalidad. Todo gobierno debe estar sujeto a crítica, y la transparencia debe ser una exigencia constante.
Pero una cosa es criticar con argumentos, y otra muy distinta es fabricar acusaciones para ganar seguidores y monetizar el caos. Lamentablemente, este comportamiento está normalizándose, y eso representa una amenaza seria para la salud democrática del país.
Luis Abinader ha gobernado en tiempos complejos y no está exento de errores. Pero lo que se está viviendo en las redes sociales trasciende cualquier debate legítimo: es una campaña sistemática, sin rostro definido pero con patrones claros, donde se mezclan medias verdades con falsedades completas, y donde la figura del presidente se convierte en blanco constante de ataques que buscan socavar su autoridad moral.
Desconfianza
Esto no solo afecta al gobierno; afecta a toda la sociedad. Se está cultivando un clima de desconfianza generalizada, donde nada se cree, donde todo se duda, donde los ciudadanos terminan atrapados entre la realidad y la mentira. Se fomenta una división peligrosa, una especie de guerra digital sin reglas ni ética.
Es urgente que como país empecemos a diferenciar entre el derecho a opinar y el acto de manipular. No podemos seguir premiando con atención, likes y dinero a quienes destruyen reputaciones sin base, ni permitir que el algoritmo determine qué es verdad y qué no.
La democracia necesita opinión libre, pero también necesita responsabilidad y verdad.
Defender el respeto por la verdad no es defender a un partido ni a un presidente, es defender el derecho de los dominicanos a vivir en una sociedad donde el debate sea serio, donde el disenso sea constructivo y donde el futuro no esté secuestrado por los mercaderes del engaño.
Fuente: Al Momento
