En varias ocasiones me he referido a la necesidad de cuidar el sistema de partidos, tomando en cuenta que la democracia y la institucionalidad dependen mucho de estos. Pues en la medida en que los partidos son fuertes y sobre todo cuidadosos en su forma de actuar, así lo será por igual la democracia. Contrariamente, cuando estos son débiles y con una conformación dudosa, la democracia y la institucionalidad corren el peligro de sufrir las mismas consecuencias.
De estos criterios fue que surgió la idea de que el Estado financiara a los partidos políticos con representación nacional. Con el propósito de que, al tiempo de que se fortalecieran y se independizaran de los grupos hegemónicos, se convertirían en verdaderos vigilantes de una democracia libre de ataduras de grupos económicos o de cualquier fuente dudosa, así como de posibles conflictos de intereses que pudieran empañar lo que debería ser una sana gestión partidaria. Tanto si llegan al poder como en su ejercicio de oposición en los diferentes estamentos.
Aunque probablemente no esté documentado, la idea que primó y le dio origen al proyecto de ley para tales fines fue para que los partidos se sacudieran de las dádivas o ayudas de grupos que pudieran convertirse en ataduras o pudieran generar conflictos de intereses. De lo contrario, ese proyecto no habría tenido sentido.
No me canso de repetir que preservar la democracia es preservar a los partidos y los gobiernos. Por tanto, debe ser responsabilidad de todos, no solo de la JCE, cuidar de unos y otros. De los que gobiernan y los que están en la oposición o fuera del Gobierno. Igualmente preservar y cuidar todos los organismos y estamentos que conforman un Estado democrático: Congreso, Justicia, Junta Central Electoral, organismos de seguridad, etc.
Recalco mucho estos conceptos porque es evidente que hay grupos denominados democráticos o del sistema que, sin darse cuenta o formando parte de una estrategia sumamente equivocada y peligrosa, han vivido tratando de desacreditar a los partidos y a los políticos, que en algunos casos, por su accionar, no necesitan mucho esfuerzo.
Pienso, al igual que muchos ciudadanos conscientes, que el sacrificio y contribución que hacen el Estado y la sociedad en favor del financiamiento de los partidos, debe corresponderse con su accionar y que los objetivos de consolidación democrática deben ser cada vez mayores.
En tal sentido, los partidos y sus dirigentes deberían empeñarse en no darle razones válidas a quienes proclaman que no se ha podido contar con organizaciones políticas cuyas estructuras puedan ser exhibidas a la nación como ejemplo. Cuidarse también de una idea popular que cala, en el sentido de que todos los partidos son iguales. Así como de las conductas de sus dirigentes, para que su accionar público y privado no puedan ser señalados o enmarcados como conductas antiéticas.
Algunos alegan que uno de los fallos existentes es porque el Estado no cuenta con mecanismos funcionales para velar por el control de los gastos de los partidos, ni tampoco para determinar otras fuentes de financiamientos. Por tanto, se hace más que necesario que, con el apoyo de los mismos partidos, se pueda reconstruir la imagen de que el financiamiento cumple su rol.
Fuente: Hoy
