Seguridad vial
El tema de los motoristas en República Dominicana no es solo un problema de tránsito ni de seguridad vial. Es, ante todo, un tema político. Y más específicamente, un tema electoral con el que ningún político quiere cargar.
Según registros de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), en el país circulan alrededor de 3.8 millones de motocicletas que han ingresado de manera legal. A esa cifra hay que sumarle un universo difícil de cuantificar: los motores que llegan en piezas, en cajas, y que son ensamblados localmente sin pasar por los mismos controles. Si estimamos conservadoramente un millón adicional, estamos hablando de casi cinco millones de motocicletas en las calles dominicanas.
5 millones de motores implican, en términos prácticos, millones de conductores. Y aquí es donde el análisis deja de ser técnico y se vuelve político: todo el que maneja un motor, en principio, es mayor de edad. Es decir, vota. Y no solamente vota, también es el vehículo por excelencia usado por los partidos para movilizar el voto el día D.
Esto convierte al sector de los motoristas en uno de los grupos sociales más grandes y con mayor peso electoral del país. No es un segmento marginal: es una masa crítica que puede inclinar decisiones políticas, especialmente en contextos de elecciones cerradas.
Sin embargo, también es un sector históricamente excluido. Según distintas aproximaciones, más del 80% de los motoristas apenas superó el nivel primario de educación formal. Muchos operan dentro de la informalidad, ya sea como motoconchistas, mensajeros o trabajadores independientes. El Estado no los organizó, no los formalizó, y durante años tampoco los reguló de manera efectiva.
El resultado es el que vemos hoy: un sistema caótico donde convergen la necesidad económica, la falta de educación vial, la debilidad institucional y la tolerancia política. Porque sí, hay que decirlo con claridad: la falta de regulación no es solo incapacidad, también es cálculo.
Tomar medidas firmes —registro obligatorio, licencias reales, seguro, casco, inspecciones, sanciones efectivas— implica enfrentarse a un electorado amplio, sensible y, en muchos casos, precarizado. Implica costos políticos que pocos están dispuestos a asumir.
Pero la otra cara de esa decisión es aún más grave. En República Dominicana mueren cada día varios motoristas en accidentes de tránsito. No son números fríos: son vidas, familias, tragedias repetidas que ya se han normalizado. La ausencia de regulación no es neutral; tiene consecuencias directas y letales.
El país está, entonces, frente a una encrucijada. O se sigue administrando el problema con paños tibios, evitando el costo político inmediato, o se asume una reforma integral que organice, formalice y proteja a este sector.
Regular no es perseguir. Regular es dignificar. Es reconocer que detrás de cada motor hay una persona que trabaja, que sostiene una familia, pero que también merece seguridad y condiciones claras.
Lejos del “costo político” al que le temen quienes nos gobiernan, tomar decisiones para regular, organizar y fiscalizar a los motoristas terminará siendo, lejos de un castigo, un acto que sus propias familias van a agradecer. Porque detrás de cada conductor hay una madre, una esposa, un hermano, un hijo o un padre que vive con el temor constante de recibir esa llamada que nadie quiere: la noticia de una muerte en la carretera.
En República Dominicana, el 75% de las casi 3,000 muertes en accidente de tránsito son motoristas. Por lo que cada día mueren alrededor de cinco, una cifra que refleja una tragedia cotidiana que ya no puede seguir siendo ignorada.
La clase media y la población en general también lo van a agradecer, porque ordenar este sector no solo salva vidas, sino que mejora la convivencia, la seguridad y la calidad de vida de todos.
Fuente: Hoy
