Gobernar es algo muy serio y Abinader lo sabe. Ser presidente supone tomar decisiones que nadie quiere tomar y “ver más allá de la curva”. Los gobernantes gobiernan el presente, los estadistas moldean el futuro y la historia pondrá a Abinader en el lugar que le corresponderá.
En democracia se gobierna con consensos ciudadanos que trascienden las reglas formales del poder, esas que se nutren en sus fuentes visibles (la legalidad) y abrevan en sus ríos subterráneos (la legitimidad). Con maestría el presidente ha sabido apretar y soltar; hablar y escuchar; proponer y enmendar; y, quizás por acostumbrarse a ese modelo exitoso en términos electorales, se adentró sin miedo en el río turbulento de la reforma fiscal.
Que la reforma es necesaria, nadie lo discute; que hay que revisar el marco impositivo y fortalecer las capacidades tributarias, es axiomático; pero, ¿fue correcta la decisión de construir consenso a posteriori?, ¿confundió el gobierno votos con voces y apostó a lo primero, ignorando lo segundo?
Las declaraciones del presidente de que la propuesta sería revisada y mejorada en el congreso, ratifican que es una persona que cree en el consenso y el disenso. Ahora bien, a la ofensiva inicial siguió un repliegue de vocería oficial en todos los medios; justo cuando desde la oposición, academia y gremios, se desarrolla un posicionamiento mediático de argumentos en contra que alimenta ese bucle de indignación ciudadana que desembocó en inesperados cacerolazos que han hecho que el gobierno esté dispuesto a modificar su propuesta original.
Al margen de lo técnico, jurídico o político, queda claro que la fuerza legislativa del partido no se corresponde con la musculatura mediática del gobierno. La estrategia de comunicación gubernamental ha sido desastrosa y lejos de enseñar, evidenciar y comunicar sobre la propuesta de “modernización fiscal”, el vocero de la presidencia ha dirigido esfuerzos, argumentos y recursos para hablar de un “pacto ideal” que no menciona el proyecto de ley.
El relato oficial habla de un “pacto ideal” inexistente y el vocero derrocha recursos en spots denigrantes y clasistas que contribuyen a elevar la indignación y tensión social, de una eficiencia improbable (2:49’, 412 vistas en 6 días); o explicar “El país que seremos” en una súper producción de 12:20’ vs. 275 vistas; o jugar ajedrez (que no dominó) mientras explica la reforma constitucional; y uno se pregunta si los recursos del Estado ¿son para comunicar la verdad o para proyectar una imagen personal?
La descoordinación comunicacional entre DIECOM y Hacienda es olímpica, evidente, y de consecuencias imprevisibles, pues al no haberse comunicado de manera efectiva, antedatada y proyectada los beneficios de la reforma, ahora el gobierno entra a la defensiva y cada concesión será vista como una derrota. Más allá, queda la duda de ¿qué quiere comunicar DIECOM?, ¿al presidente, las reformas o al vocero? Y más todavía, ¿cuánto nos han costado los 176 videos colgados en la cuenta personal del vocero?, ¿quién los produjo?, y ¿cómo se pagaron? A propósito de transparencia…
