Hay que aprender que no porque una acción tenga ribetes legales sea políticamente prudente ni legítimamente pretender imponerlo. Y si la base legal es ambigua y no se socializa, no se explica debidamente su intención, la medida se torna catastrófica para la imagen del Gobierno.

La gente no le deja ‘pasar una’ al gobierno. Conocen el camino de las protestas -Plaza de la Bandera, las redes sociales, las cacerolas incluidas- y muestran su molestia cuando sienten que les estrujan en la cara acciones o propuestas que entienden irregulares y/o que les perjudican.

Lo vimos con el caso del doble nombramiento de Carlos Pimentel, la renta de edificios para oficinas gubernamentales, la circular sobre presentación de las facturas de servicios públicos, episodios de los últimos días, que sucedieron al contenido en el proyecto de reforma fiscal.

La gente cree que en medidas de este tipo hay ‘gato entre macuto’.

Estas reflexiones me llegan mientras tecleo en mi computadora tratando de plasmar en qué lógica se basan algunos funcionarios para provocar lo que pareciera convertirse en norma de costumbre: generar ruidos desde estamentos gubernamentales que terminan estrellándose en las puertas de Palacio.

Por ello, de manera continua, el presidente Luis Abinader ha tenido que dar la cara por sus subalternos al salir a sofocar la molestia de la gente, al enfrentarse a la prensa por lo menos cada siete días en escenarios como LA Semanal.

Pareciera llegado el momento en que el presidente Abinader dé un manotazo en la mesa, ‘sanantonio’ incluido, y que el régimen de consecuencias caiga sobre cualquier responsable, lo que evitará malos ratos al gobierno y sofocones a la gente.