En la República Dominicana, el Código Procesal Penal clasifica los delitos de robos y asaltos como de orden privado, lo que significa que la persecución de estos crímenes depende de la decisión de la víctima. Esta situación ha generado altos niveles de impunidad y reincidencia, ya que muchos casos no avanzan cuando las víctimas no mantienen la acusación. Esto contrasta con otros países de la región y con Estados Unidos, donde estos delitos son considerados de orden público y son perseguidos de oficio por las autoridades, dada su relevancia para la seguridad ciudadana.
Proponemos una modificación al Código Procesal Penal dominicano para que los robos y asaltos sean de orden público. Esta reforma permitiría que estos delitos se persigan independientemente de la voluntad de la víctima, al reconocer su impacto en la sociedad en general. Datos del Ministerio Público indican que más del 60% de los casos de robos y asaltos que llegan a los tribunales terminan desestimados por falta de acción de la víctima, permitiendo que muchos delincuentes reincidan y afectan nuevamente a la comunidad.
La experiencia en países como México y Colombia ha demostrado que la clasificación de estos delitos como de orden público reduce la reincidencia. Además, un estudio de la Organización de Estados Americanos (OEA) muestra cómo la persecución de estos crímenes de oficio fortalece la seguridad pública al reducir la impunidad
Esta modificación mejoraría significativamente la seguridad ciudadana en la República Dominicana al reducir la reincidencia, fortalecer la autoridad de la ley y brindar una respuesta más efectiva a las víctimas de estos delitos.
