En una larga jornada litigiosa, que se extendió a horas de la tarde de este lunes, la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional confirmó el dictamen de 18 meses como medida de coerción consistente en prisión preventiva en contra del coronel Narciso Antonio Feliz Romero, acusado de encabezar una red criminal que sustrajo proyectiles de la Policía Nacional.
De esta forma, Feliz Romero continuará recluido en la Cárcel Militar Operaciones Especiales, en la misma situación que Juan Miguel Soler Pérez, Ángel Rubiel Martínez Bacilio, Nelson Valdez y Marino Antonio Rodríguez Toribio, quienes depositaron actos de apelación y no resultaron acogidos.
Sin embargo, los imputados en la denominada Operación Pandora regresarán a los tribunales en fecha 26 de febrero, como parte de la revisión obligatoria que para las medidas cautelares prevé el Código Procesal Penal cada tres meses.
Por este caso, cuya acusación está en manos de Yeni Berenice Reynoso, directora general de Persecución del Ministerio Público, y Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), igual se encuentran bajo prisión preventiva de 18 meses los nombrados Juan Luis Díaz Medina y Morelbin Medina Pérez.
En tanto que a Víctor Manuel Santos Rodríguez le fue impuesta una garantía económica ascendente a los tres millones de pesos, impedimento de salida y presentación periódica por la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, una condición que comparte Miguel Ángel Gómez Espaillat, aunque con la variación de dos millones como garantía.
A la implicada Miguelina Bello Segura, la única civil relacionada con este expediente en un entramado que involucra a oficiales policiales, le dictaron impedimento de salida y arresto domiciliario a ser cumplido en la provincia Pedernales.
Las acusaciones también embarran a la razón social Tactical Accesories, representada por Marino Rodríguez Toribio, con quienes finaliza una extensa acusación que suma a once imputados una vez consideramos la empresa.
Expediente acusatorio
De acuerdo con los escritos del Ministerio Público, los nombrados incurrieron en una estructura que tiene característica de criminal y estaba dedicada al tráfico de armas y municiones, incurriendo en los siguientes:
Crearon una organización criminal, integrada por oficiales superiores, oficiales, alistados, quienes en asociación con civiles, utilizaron sus funciones para sustraer, traficar y comercializar municiones de distintos calibres, incluyendo para fusiles, así como otros pertrechos policiales adquiridos por el Estado dominicano para garantizar la seguridad y el orden público; bienes que estaban bajo la custodia de la alta gerencia de la organización criminal hoy imputada.
Sustrajeron de manera masiva, organizada y sistemática municiones, pertrechos, equipos y municiones en general del Departamento II de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional, violando el mandato institucional de custodiar, controlar y conservar propiedades del Estado que son de extrema importancia para la seguridad nacional.
Violaron los reglamentos y protocolos para tener acceso privilegiado, utilizando su acceso exclusivo y directo a los almacenes de municiones, para ejecutar de manera ilícita la sustracción de municiones y pertrechos policiales, sin generar sospechas en otros departamentos de la Policía Nacional.
Los investigados comercializaron, de manera dolosa, municiones sustraídas del Departamento II de Intendencia de Armas, tanto a policías como a civiles, a sabiendas de la ilicitud de estos actos.
Los imputados alteraban las armas de fuego, a las que les cambiaban el cañón para poder disparar municiones de armas de fuego normales y luego las vendían a civiles.
Los investigados, identificaron y desarrollaron un mercado propio del crimen organizado, conformado por miembros de la Policía Nacional y civiles con antecedentes delictivos, quienes adquirían las municiones sustraídas con pleno conocimiento de su origen ilícito, para revenderlas a precios más altos a policías, militares, civiles y armerías, destinadas al comercio de armas, municiones y accesorios.
Los investigados recurrieron a terceros para recibir y transferir el dinero proveniente de la comercialización ilícita de las municiones y accesorios propiedad del Estado dominicano.
Los investigados implementaron maniobras fraudulentas para evitar que las autoridades detectaran las sustracciones de municiones y accesorios, manipulando los registros y controles de los almacenes del Departamento II de Intendencia de Armas de la Policía Nacional.
Destruyeron evidencias, los investigados destruyeron evidencias que comprometían su responsabilidad penal.
La alta gerencia de la organización criminal creada por los imputados trató de inculpar a los miembros de menor jerarquía dentro de la organización, amenazando e intimidando a quienes tenían conocimiento de sus actividades delictivas.
Amenazaron e intimidaron a testigos que tenían conocimiento de las acciones delictivas cometidas.
Convirtieron, adquirieron, facilitaron, ocultaron, transfirieron y transportaron bienes y ganancias provenientes directa o indirectamente de las actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de armas de fuego, municiones, explosivos y sus accesorios, con el propósito de ocultar su origen ilícito.
Estas acusaciones suceden luego de evidenciar la falta de 908,001 municiones de diferentes calibres, las cuales se encontraban bajo custodia del Departamento II de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional.
La responsabilidad de los implicados en la custodia de los pertrechos inicia con el coronel Feliz Romero, a cargo de la custodia de municiones; el subintendente Pérez Soler; y el capitán Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos.
Fuente: Listín Diario
