En la fortaleza y confiabilidad de las instituciones descansa el funcionamiento efectivo de una democracia. Estas estructuras garantizan la aplicación imparcial de las leyes y fomentan la confianza ciudadana en el sistema. Es la diferencia entre desarrollo y atraso.

Aunque algunas entidades como el Banco Central y la Superintendencia de Bancos han demostrado eficiencia y transparencia en su gestión, persiste la necesidad de fortalecer otras áreas del sector público. Estas instituciones ejemplares funcionan, en gran medida, por su autonomía respecto a influencias partidistas y a la dirección de profesionales capacitados que operan con un alto sentido de responsabilidad. Experiencias anteriores demostraron cuán dañinas pueden ser esas agencias públicas si controladas por la politiquería y cabezas estultas.

Para un desarrollo sostenible y una democracia más robusta, es imperativo priorizar la meritocracia en la designación de funcionarios públicos. Seleccionar líderes y empleados por su competencia y experiencia, en lugar de sus conexiones políticas, garantizará una administración pública más eficiente y equitativa. Este cambio de paradigma mejorará la prestación de servicios y motivará la ciudadanía a confiar en sus instituciones.

La implementación de medidas de mejora regulatoria es otro imperativo para optimizar el desempeño institucional. Hay que simplificar procesos, evaluar regulaciones y promover la participación ciudadana en la formulación de políticas públicas. Es la ruta más directa hacia una gestión más transparente y efectiva.

Ya se ha dicho: el fortalecimiento institucional en la República Dominicana depende de la desvinculación de las influencias pol­ítico-partidistas en la administración pública y de la promoción de una cultura de profesionalismo y transparencia. Al dar estos pasos, el paí­s podrá consolidar una democracia funcional y propiciar un desarrollo económico y social más equitativo.