POR JULIO MARTINEZ
Si es cierto que los comunicadores y periodistas tienen el derecho a que se les permita hacer su trabajo, no menos cierto es que deben existir normas para ejercerlo adecuadamente. La urgencia de las primicias, tanto en los periódicos como en la televisión, provoca que muchos profesionales se desborden y se extralimitan en su actuar, rompiendo todo protocolo y abandonando la prudencia en sus actuaciones.
Este fenómeno se ha exacerbado con los llamados «llenadores de contenido», quienes en su mayoría no poseen formación profesional ni educación adecuada, sino que utilizan las herramientas sin control y sin regulación que internet y plataformas como YouTube y Facebook ponen a su disposición.
Frecuentemente, bajo el manto del anonimato, injurian y dañan reputaciones sin enfrentar consecuencias. Lo más alarmante es que muchos políticos y autoridades lo permiten para evitar convertirse en blancos de sus comentarios.
En República Dominicana, las funciones públicas frecuentemente se ejercen como si fueran concursos de belleza o de simpatía, no como responsabilidades reales. Cuando una persona asume un cargo público, está llamada a tomar medidas tanto populares como impopulares; ese es su rol fundamental.
Trabajo excepcional
Un caso ejemplar es el de Faride Raful, quien está realizando un trabajo excepcional al intentar resolver problemas ignorados por generaciones de gobernantes anteriores, quienes evitaron abordarlos para no ser criticados y perder popularidad.
Nuestro país se comporta, en muchos aspectos, como una selva sin control, conducta ni reglas, las cuales solo se aplican para los más desventajados en la mayoría de los casos. En vez de tener una visión más clara de los eventos, se envenenan las buenas acciones tratando de diabolizarlas.
La República Dominicana se caracteriza por un comportamiento poco civilizado, donde la prudencia y el respeto hacia los demás rara vez son considerados, donde cada quien cree y hace lo que le da la gana. Es por esto que muchos dominicanos promocionan su país como «un paraíso», no solo por su belleza natural, sino porque cada quien actúa según su antojo y las autoridades no intervienen para establecer orden.
El reciente incidente entre la Vicepresidenta y Faride Raful ejemplifica la acción tremendista de algunos periodistas que, a toda costa, buscaban la primicia sin respetar el protocolo ni el trabajo de seguridad. Los guardias tienen la obligación de preservar la integridad de funcionarios que se ganan enemigos peligrosos, especialmente cuando tocan intereses poderosos.
La acción de la Vicepresidenta no fue ni correcta ni prudente; no tenía que excusarse ni aceptar el chantaje provocado por la acción temeraria de un grupo de periodistas que transgredieron el cerco de seguridad. El alegato de «me maltrataron» resulta contradictorio cuando fueron ellos quienes agredieron y violaron un perímetro de seguridad en nombre de «no me dejan hacer mi trabajo» o «me están impidiendo el acceso a la información».
El mismo derecho que tiene el periodista de hacer su trabajo lo tiene el personal de seguridad. En nombre de la libre expresión, muchos usan el chantaje e intimidación para traspasar los límites de sus deberes y reclamar derechos que no tienen en ese contexto.
Actualmente proliferan los autodenominados «comunicadores», término moderno usado para designar a cualquiera que habla por los medios, tergiversando su verdadero significado. Comunicador viene de «comunicar», y si escuchamos a muchos de ellos, lo que menos hacen es eso. En cambio, insultan, usan lenguaje prosaico y ofenden la integridad y moral de muchas personas.
Fusiladores de conductas
Estos «fusiladores de conductas» pueden manchar honras y perjudicar vidas enteras sin enfrentar consecuencias. A pesar de que la Constitución y las leyes establecen el comportamiento civilizado que debe observarse hacia quienes ostentan posiciones públicas, rara vez se ha visto que alguien sea enjuiciado o condenado por tales atrevimientos o desafueros.
La ley no protege al individuo como tal, sino la posición que ostenta, y debe respetarse esté o no de acuerdo con ella. La prudencia parece haberse ido de vacaciones y nunca haber regresado. Esta cultura de «ser chévere» se ha convertido en una forma perniciosa de tolerar exabruptos y comportamientos inaceptables.
Aquellos que buscan situarse entre los llenadores de contenido, persiguiendo fama o «likes» de manera casi olímpica, sin investigar fuentes y demostrando un comportamiento atrevido y desafiante, usando insultos y palabras obscenas para identificarse con el vulgo que consume sus despropósitos, deben enfrentar consecuencias reales.
Quien dice lo que quiere debe aceptar lo que no quiere: las consecuencias de la ley. El estado de «ser chévere» debe terminar, y la responsabilidad por las consecuencias de los actos debe tomar su lugar.
Dar ejemplos
Se necesitan ejemplos de implementación de un estado de consecuencias. No podemos seguir en este estado de cosas. No podemos seguir tolerando que una persona mantenga música a volumen excesivo las 24 horas del día, privando a los vecinos de su paz. Es inadmisible que los ciudadanos consuman alcohol de manera desmedida, descuidando sus responsabilidades familiares. Resulta inaceptable que negocios permanezcan abiertos 24 horas en áreas residenciales, funcionando como puntos de perversión y negocios camuflados.
Faride Raful está realizando un trabajo encomiable, y es necesario que la paz y la tranquilidad retornen a los hogares dominicanos. Las autoridades deben asumir su rol y contemplar la crítica, pues no están participando en un concurso de belleza sino implementando regulaciones que normalicen la conducta ciudadana.
El camino hacia una sociedad más civilizada requiere que tanto comunicadores como funcionarios públicos entiendan que los derechos conllevan responsabilidades, y que la libertad de uno termina donde comienza la del otro. Solo así podremos construir un verdadero estado de derecho donde la prudencia y el respeto mutuo sean la norma, no la excepción.
La Constitución de la República Dominicana, en su artículo 49, garantiza la libertad de expresión e información, pero también establece que «el ejercicio de estos derechos no puede vulnerar el honor, la intimidad, la imagen y la voz de terceros.» Asimismo, el artículo 44 consagra el derecho a la intimidad y el honor personal. Estas disposiciones no son meras declaraciones, sino principios fundamentales que deben regir la convivencia social.
La Ley No. 6132, sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, si bien protege el ejercicio periodístico, también tipifica los delitos de difamación e injuria cometidos a través de los medios de comunicación. El problema no radica en la ausencia de normativas, sino en su aplicación efectiva.
Es responsabilidad de todos, desde los ciudadanos de a pie hasta las más altas autoridades, exigir y promover un ejercicio responsable de la libertad de expresión. Los medios de comunicación deben establecer y respetar códigos éticos, y las autoridades deben aplicar la ley sin temor a represalias mediáticas.
El caso de Faride Raful demuestra que es posible ejercer la función pública con determinación, enfrentando los problemas estructurales sin temor a la impopularidad. Su ejemplo debería inspirar a otros funcionarios a actuar con similar convicción.
La sociedad dominicana se encuentra en una encrucijada. O seguimos permitiendo que la anarquía y la falta de respeto dominen nuestro diario vivir, o comenzamos a construir una nación donde el respeto mutuo y la observancia de las normas sean los pilares fundamentales. La elección parece obvia, pero requiere voluntad política y ciudadana.
Es hora de que el pueblo dominicano despierte y entienda que el verdadero desarrollo no se mide únicamente en términos económicos o de infraestructura, sino también en la calidad de la convivencia social. Un país donde reina el desorden no puede aspirar a un desarrollo sostenible.
Las autoridades deben implementar mecanismos efectivos para regular el comportamiento ciudadano, no desde una perspectiva autoritaria, sino desde el entendimiento de que las reglas son necesarias para la convivencia pacífica. Los ciudadanos, por su parte, deben comprender que la libertad sin responsabilidad conduce al caos.
El periodismo responsable juega un papel fundamental en esta transformación. Los comunicadores deben ser los primeros en dar ejemplo de respeto y prudencia. Su labor no consiste en atropellar derechos ajenos en nombre de la primicia, sino en informar con veracidad y respeto.
La prudencia no es debilidad, sino sabiduría. Es tiempo de recuperarla y convertirla en el faro que guíe nuestras acciones como sociedad. Solo así podremos construir la República Dominicana que todos anhelamos: un país donde la belleza natural se complementa con la belleza del comportamiento civilizado de sus habitantes.
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Fuente: Al Momento
