En medio de las discusiones y debates para la creación de la ley que regule las candidaturas independientes, tras una sentencia del Tribunal Constitucional, un miembro titular del pleno de la Junta Central Electoral (JCE) le sugirió a los legisladores que evalúen la posibilidad de que se incorpore el voto automatizado.

Bajo la premisa de que la boleta electoral podría cargar con un gran número de candidaturas mediante la inclusión de los independientes en los diferentes niveles, Samir Chami Isa indicó que mediante el método actual seria “insostenible” bajo el formato de boleta física, además de incómodo para el elector.

“Es necesario el voto electrónico, sería (difícil) para el órgano en un escrutinio de un proceso o para el votante con una boleta tan grande poder identificar el candidato de su preferencia”, fue lo afirmado por Chami Isa en esa oportunidad.

Tras esa sugerencia del miembro del pleno del órgano electoral, el partido Fuerza del Pueblo envió un comunicado a la JCE en donde rechazan por completo la aplicación del esquema de voto automatizado o electrónico debido a que violaría lo establecido en las leyes electorales actuales.

A través de la comunicación, firmada por el delegado de ese partido Manuel Crespo, estaría violando el artículo 265 de la ley 20-23 sobre régimen electoral, que indica que ese tipo decisiones deben ser tomadas mediante consenso de todas las organizaciones políticas.

“No nos queda duda de que, ustedes como máximo órgano constitucional se encuentran inmersos en organizar un sistema de integridad electoral, respetuosa de la participación de los electores y garante de la voluntad popular, de cara a las elecciones de febrero y de mayo del 2028. Por esta razón, dejamos constancia de que, si cualquier sector o entidad se presta a orquestar una trama como sería la aplicación del voto electrónico, tendrán de frente a la Fuerza del Pueblo, líder de la oposición, en escenario que sea necesario, siempre amparado en el marco y el respeto de la Constitución y las leyes”, reseña el documento enviado el pasado 28 de mayo.

En respuesta a esa comunicación, el presidente de la JCE, Román Jáquez, indicó que la implementación del voto automatizado o electrónico no está dentro de los planes del órgano electoral ya que mediante lo establecido en la legislación actuales no contemplan su uso.

“Luego de realizar una revisión integral de la ley, se comprueba que el voto electrónico y el voto automatizado no se encuentran previstos en la referida ley, razón por la cual no resulta posible, bajo esta realidad jurídica, que la Junta Central Electoral pueda implementar ninguna de las indicadas modalidades de votación”, señala la respuesta del pleno enviada a la Fuerza del Pueblo el pasado tres de junio.

Con relación a la propuesta realizada por Chami Isa, la JCE manifestó que la misma no fue realizada en nombre del pleno y que por lo tanto “no ha aprobado ni impulsado” ninguna modalidad de tecnología de votación, de cara a las elecciones ordinarias generales de 2028.

“En todo caso, cualquier acción en ese sentido debe contar con el consenso previo de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos reconocidos, indispensables para garantizar que la modalidad implementada cuente con los niveles de legitimidad que se requieren”, indica el comunicado.

Un ciclo de vida corto

La aparición nueva vez del voto automatizado en el debate político remonta a lo ocurrido durante el proceso electoral para las elecciones del 2020, donde en su primera y única prueba hasta el momento el método falló en cumplir las expectativas de eficientizar y transparentar las votaciones.

El primer uso oficial de esos equipos fue durante las “Primarias Simultáneas” de los partidos Revolucionarios Modernos (PRM) y de la Liberación Dominicana (PLD) pautadas para realizarse en octubre del 2019.

Como preparación, la JCE realizó ensayos al utilizar los equipos en la escogencia de los miembros de la Junta Directiva de la Hermandad de Veteranos Pensionados de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, en noviembre del 2018; donde los resultados definitivos del proceso fueron computados y presentados apenas 18 minutos después del cierre de la votación, la cual culminó a las 5:00 horas de la tarde, con un total de 3,881 votos emitidos en 23 colegios electorales, para un total de 18.31 % de los inscritos.

Y también se usaron en las elecciones de la Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (Faprouasd) que se llevaron a cabo en 11 municipios del país y el Distrito Nacional, para definir los puestos del Comité Ejecutivo de las 24 asociaciones que la componen, de donde por igual salieron con buenos resultados y recepciones.

Con los resultados finales de esos ensayos siendo positivos, ambas organizaciones políticas se mostraron seguras con la utilización del método en su proceso de elección de sus candidatos para el 2020; sin embargo, mientras en el PRM la victoria de Abinader se registró sin problemas, del lado del PLD se efectuaron los primeros reclamos.

La noche de la elección, el entonces precandidato presidencial Leonel Fernández denunció que su derrota ante Gonzalo Castillo se debió a un “fraude electrónico” cometido con los equipos utilizados; aunque la victoria de la JCE sería ratificada, significando la salida del exmandatario del PLD, una auditoria sería necesaria para mitigar cualquier fallo.

Una auditoria forense fue realizada por la empresa española Alhambra Eidos que determinó que el sistema de votación funcionó correctamente en materia de seguridad y desempeño durante el referido proceso de elecciones, y que no hubo código malicioso que afectara el desarrollo del proceso.

Con ninguna “anomalía” detectada, poco más de un mes después de celebradas las primarias, se acordó que se utilizaría el conteo manual y el voto automatizado para las elecciones municipales de febrero del 2020 y que ese sistema se utilizaría en 16 municipios y el Distrito Nacional.

Sin embargo, luego que desde la noche antes de los comicios municipales se comenzaran a reportar problemas al momento de cargar la boleta electrónica, esas elecciones serían suspendidas.

“Magistrados, les recordamos que, fuimos nosotros quienes en el 2019 advertimos al país y a la Junta Central Electoral que la utilización del voto automatizado resultaría en una situación de riesgos e inseguridad en el proceso electoral interno del entonces partido de gobierno, el cual terminó con un fraude en octubre de 2019, y que posteriormente, concluyó con el hecho más funesto de nuestra historia democrática reciente: la suspensión de las elecciones municipales de febrero de 2020”, reseña la comunicación de Fuerza del Pueblo.

Mientras la auditoría realizada por la Organización de Estados Americanos (OEA) tras las elecciones municipales resaltaría que esos errores se produjeron por “dejadez” del departamento de informática de la JCE y no por intromisión externa. El estallido social que tomó la Plaza de la Bandera como el centro de las protestas y el “éxito” de las elecciones de marzo y las presidenciales del mes de julio bajo el método manual, sepultó de manera indefinida cualquier intento de implementar ese método de votación una nueva vez.

Ese sepulcro quedó legitimado mediante una sentencia del Tribunal Constitucional, en la que se declaró inconstitucional el artículo 99 de la antigua ley 15-19, orgánica del régimen electoral, que habla sobre la automatización del proceso electoral “de manera progresiva”.

Ese artículo decía textualmente que «la JCE está facultada, en consulta con los partidos políticos, para la automatización progresiva del proceso de votación, debiendo probar los sistemas que se usarán, por lo menos con seis meses de anticipación a la fecha de la votación. Las pruebas podrían incluir simulacros realizados exclusivamente para la validación de los programas y equipos a usar. Los mismos podrán usarse como prueba en las votaciones correspondientes a gremios y organizaciones de la Sociedad Civil».

La actual ley 20-23 manifiesta que “en caso de que la Junta Central Electoral decida, previo consenso con los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, aplicar medios tecnológicos en el escrutinio, deberá hacerlo de manera progresiva, introduciéndolo parcialmente en varios niveles y en distintas elecciones, así como en las demarcaciones que considere”.