El presidente Luis Abinader ha sido un luchador incansable por la ética y la trasparencia del quehacer público. Y seguirá así hasta el último día de su mandato. Es su código moral, su estandarte, que ha levantado con orgullo a los largo de 5 años de gobierno. Ese era el CAMBIO que exigía la sociedad civil en el 2020.

El caso SeNaSa es un golpe mortal a esa lucha, pero fue el gobierno que detectó ese fraude escandaloso y sometió a los posibles implicados a la justicia. No se escondió, no se manipuló, no se hecho a la basura, no hubo ni habrá impunidad o inmunidad para los acusados. Se expuso públicamente a pesar de las consecuencias políticas. Habrá más casos de corrupción, como sucede en cada rincón del mundo. Lo importante es detectarlos a tiempo y castigar a los culpables, sin proteger a familiares, amigos, allegados o socios, como en el pasado. Todos serán desenmascarados sin importar las consecuencias. En China ahorcan a los corruptos, pero siguen apareciendo corruptos.

Están circulando en las redes, nauseabundo mensajes, acusaciones atrevidas y ofensivas, que incluyen al presidente y a la vicepresidenta. Una campaña sucia, orquestada y pagada por opositores corruptos y narcotraficantes, que quieren hundir a esta Nación para su provecho político. Lo importantes es que los dominicanos no son los mismos de hace 20, 30 o 40 años. Hay una sociedad civil y una prensa libre, atenta al acontecer económico, político, social e institucional, que tienen todo el derecho a opinar sobre cualquier tema que afecte a la sociedad dominicana. Derecho a exigir justicia, a criticar las fallas del gobierno, a denunciar el abandono de sectores vulnerables y a pedir cuentas sobre el manejo financiero de las instituciones públicas cuando sospechan de alguna irregularidad.

Los que no tienen derecho a opinar son algunos dirigentes políticos de la oposición que deberían estar presos por sus fechoría cuando gobernaron este país. No tienen derecho a exigirle nada a este gobierno en materia de corrupción ni aprovecharse de un hecho, como si eso hubiera sido dirigido desde el Palacio Nacional. Esos tiempos quedaron atrás.

Lo que queda por delante es procesar a los acusados de esos abusos, recuperar gran parte del dinero defraudado y, lo más importante, concluir los varios casos de corrupción en la justicia que datan del 2021 y siguen retrasándose por artimañas de la defensa y excusas pendejas. Es hora de dictar sentencia para que los ciudadanos confíen en la justicia.

Fuente: Listín Diario