Llegó la inteligencia artificial (IA). Y lo hizo para quedarse. ¿Será buena o mala para los humanos? Todo depende de cómo la regulemos y la usemos.

Es fruto de los cambios científicos y tecnológicos inevitables. La IA impacta en la política, la economía, la cultura, la educación, la salud, la justicia y, en fin, en todos los ámbitos de la vida individual y social.

Es un desafío para todo. No representa una amenaza real. Los humanos siempre podremos encauzarla por el sendero adecuado. En eso confiamos.

Para la administración de justicia, la IA ofrece oportunidades. Aporta a la eficiencia, la eficacia, la transparencia y el acceso a la justicia. Solo hay que garantizar siempre que esté bajo el control humano y el respeto de los derechos fundamentales.

Sabemos que la IA puede analizar grandes volúmenes de información en pocos segundos, sobre precedentes del Tribunal Constitucional y de la jurisprudencia. Además, facilita la gerencia de los procesos judiciales. Todo en tiempo récord.

Con eso se lograría reducir la mora judicial, uno de los principales problemas que afecta el sistema judicial.

También la IA puede facilitar el acceso de los ciudadanos no especializados en las ciencias jurídicas a la información jurídica. Lograrían orientarse sobre procedimientos, requisitos y derechos. Sería muy útil para la asesoría profesional, si no desean o no pueden pagar consultas. Avanzaríamos a la democratización de la justicia.

Sabemos que los algoritmos pueden reproducir prejuicios, errores e imprecisiones. Todo depende de los datos o fuentes en que se basen.

Además, la motivación y ponderación del juez o de los jueces, según el caso, debe vencer la opacidad de algunos sistemas de IA. Así se comprenderá la apreciación y valoración de las pruebas aportadas, de todo el expediente y de la interpretación de las normas aplicadas, con fines de justificar la decisión. La IA no puede sustituir al juez.

Para que haya justicia son necesarios los efluvios humanos, como la prudencia, la sensibilidad, la responsabilidad ética, el compromiso, etc., de los operadores del sistema judicial. Eso no lo puede aportar la IA.

Debemos utilizar la IA como una herramienta auxiliar y no como un reemplazo de la conciencia jurídica. Su empleo debe estar regulado por normas claras que garanticen transparencia, supervisión humana, protección de datos y rendición de cuentas.

Todos debemos estar contestes en que la administración de justicia del siglo XXI no puede ignorar los avances tecnológicos, sin renunciar a los valores que constituyen su esencia, como la dignidad humana y la igualdad de todos ante la ley.

Y la tutela judicial efectiva de los derechos debe ser irrenunciable. Ahí reside el equilibrio que debe guiar el futuro de la justicia y de la IA.